Las empresas tendrán de plazo hasta abril para contar con registro salarial

La discriminación retributiva supondrá multas de entre 6.000 y 178.000 euros


MADRID / LA VOZ

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde a dos decretos que suponen el desarrollo reglamentario de la ley de igualdad efectiva aprobada en marzo del 2019 y que, en la práctica, pretenden acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres (que supera el 22 %) y avanzar en la consecución de la igualdad real. ¿Cómo? Adaptando instrumentos que ya eran obligatorios, como el registro salarial o los planes de igualdad, para que sirvan para diagnosticar primero y corregir después las persistentes diferencias de sueldo entre hombres y mujeres por trabajos «de igual valor».

Las empresas tendrán ahora un plazo de seis meses -hasta abril- para poner en marcha dichas herramientas en los términos que exige la norma. Porque persistir en la discriminación les saldrá caro, ya que, según apuntó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se considera una falta «muy grave», por lo que la sanción oscilará entre los 6.200 y los 178.000 euros, independientemente de los ingresos y el tamaño de la compañía. «Con los derechos sociales no se juega», sentenció, asegurando que la promulgación de las nuevas normas coloca a España «en el frontispicio de la transparencia retributiva» de Europa, «a la vanguardia», como remachó la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

Plan de corrección, obligatorio

Para cumplir con dicha transparencia retributiva, la nueva regulación establece que todas las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a tener un registro salarial, para advertir si existe híper o infravaloración del puesto según el género del empleado. Además, tendrán que elaborar un plan de igualdad y realizar una auditoría retributiva, es decir, un diagnóstico de la situación salarial, así como un plan de acción para «corregir» diferencias y prevenirlas.

A través de orden ministerial se desarrollarán las herramientas que las empresas podrán usar (gratis) para poner en marcha el registro retributivo desagregado por sexo y la valoración de los puestos de trabajo, para disponer así de información desglosada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor. Cabe recordar que todas las compañías están obligadas a tener un registro retributivo de la plantilla, incluyendo directivos y altos cargos, que recoja «los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo». Todos los trabajadores podrán acceder a la información, solicitándola a través de sus representantes legales, de haberlos.

Corregir una «aberración»

«Se acabó que hombres y mujeres puedan percibir retribuciones diferentes. Es una aberración democrática que corregimos hoy con este entramado jurídico», subrayó Díaz. Tanto ella como su homóloga de Igualdad calificaron de «hito» y logro «histórico» los nuevos reglamentos, ya que «ayudarán a aflorar las desigualdades en el mundo del trabajo y dotarán de herramientas para eliminarlas».

El Gobierno dice que actúa ahora para que la crisis no vuelva a cebarse con las mujeres

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Díaz y Montero recordaron que la emergencia sanitaria -como ocurre en cada crisis- se está cebando con mujeres y jóvenes, agudizando su precariedad laboral y, en el caso de ellas, empujándolas a regresar al hogar para encargarse de las labores de cuidado. Por ello, para que las trabajadoras no vuelvan a ser quienes paguen la factura de la crisis, defendieron que este es «el momento» para poner en marcha las nuevas medidas contra la discriminación laboral. «A diferencia de lo que en su día dijeron el señor Rajoy y su Gobierno, que no querían meterse en ‘eso', nosotros sí nos metemos», aseveró Díaz.

También defendieron que eliminar la brecha no solo supondrá ingresos para las arcas públicas, sino también mejoras en las pensiones futuras de las trabajadoras. «La igualdad es un derecho, pero también una cuestión de eficacia y eficiencia económica», destacó Montero, para añadir que las empresas y países que consiguen reducir su brecha de género son los más prósperos.

La nueva normativa también se aplica a los planes de igualdad, obligatorios para las empresas con más de 50 empleados, y que ahora pretenden ir más allá de «una mera declaración de intenciones» -en palabras de Montero-, para «diagnosticar y ponerle remedio a los problemas». Entrará en vigor en tres meses.

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