Entrega un informe a la Fiscalía General esbozando las razones por las que se debería informar en contra de la investigación al vicepresidente del Gobierno
15 oct 2020 . Actualizado a las 13:11 h.La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que se opone a que se abra una investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza 'Dina' de la causa 'Tándem'.
Según adelanta La Vanguardia, esa nota interna se habría entregado al teniente fiscal Luis Navajas para que lo tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada al respecto, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que prepara el Ministerio Público al respecto.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press confirman que esa nota interna ha sido enviada a la FGE. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe del Ministerio Fiscal, solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no ir contra Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación a la 'pieza Dina'.
Estos movimientos en el Ministerio Público llegan después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de Tándem elevara al Supremo exposición razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar tanto al líder morado como a la propia Dina Boussellham, a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo, a la expareja de Bousselham Ricardo Sa Ferreira y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo.
El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero del 2016, la tarjeta de memoria original mini SD procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.
Destacaba que pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, este se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado.
Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017. «Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento», afirma el magistrado.
Asimismo, indicaba en el escrito que en julio del 2016 un medio de comunicación publicó durante varios días noticias acompañadas de las imágenes procedentes del dispositivo de Bousselham y que Pablo Iglesias había visto en la tarjeta de memoria. El juez subraya que Iglesias en ese momento tenía acceso a la tarjeta que guardaba en su poder por los que sabía que se estaban publicando imágenes enviadas a terceros mandadas por la asesora.
En este sentido, afirma que con la única finalidad de desprestigiar a ese medio de comunicación, y a sabiendas del origen de las imágenes publicadas, instó a «los servicios jurídicos del partido a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de simular falsariamente, una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre del 2015».
De este modo, el magistrado relataba que, bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica del partido, presentaron la desaparición del teléfono «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al excomisario Villarejo, para publicar en el digital, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos» y así usar de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
Amenazas inadmisibles
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha calificado de «inadmisibles» las amenazas en redes sociales al juez Manuel García Castellón después de que pidiera al Tribunal Supremo si procede investigar al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el caso Dina. «Una cosa es la sana crítica o la libertad de expresión dentro de unos márgenes pero es inadmisible que se ataque a un operador jurídico, sea juez, fiscal o abogado, por el hecho de trabajar independientemente de su acierto o desacierto. Para eso tenemos nuestro sistema de recursos», insistió Delgado.
