Hacienda solo presupuesta un mes de prestaciones de ERTE el año que viene

Admite que cualquier prórroga hará de la previsión de déficit papel mojado


Redacción / La Voz

El plan presupuestario que el Gobierno remitió en la noche del jueves a Bruselas incluye únicamente 718,5 millones de euros para cubrir las prestaciones de ERTE el próximo año, veinticinco veces menos que los 17.840 millones de gasto que calculan para este ejercicio. Dado que la cobertura de los ERTE supuso en septiembre un desembolso de 867 millones, la explicación a la drástica caída de lo presupuestado está en que Hacienda solo incluye el gasto previsto en enero, mes en el que expira la última prórroga de esta medida de protección laboral negociada con los agentes sociales.

Este cálculo enviado a la Comisión Europea resulta llamativo, porque ¿qué ocurriría con este avance de los presupuestos que debe revisar Bruselas si la situación derivada de la emergencia sanitaria obligara a renovar la vigencia de los ERTE, como todo apunta a que ocurrirá y a lo que se han mostrado abiertos los ministros de Trabajo y Seguridad Social? Desde Hacienda minimizan el problema, asegurando que, de ser necesario, se habilitaría una partida presupuestaria, igual que se ha hecho este año, para afrontar su abono. Admiten, sin embargo, que eso convertiría en papel mojado la previsión de déficit y deuda (del 7,7 y del 117 % del PIB), recordando que las reglas fiscales están suspendidas.

Idéntica situación se repite con el gasto previsto para otras coberturas sociales extraordinarias a las que obligó el covid. Los números arrojan dudas sobre la continuidad de la prestación por cese de actividad para los autónomos, ya que su cuantía cae de los 5.339 millones estimados este año a apenas 435 el próximo, y lo mismo ocurre con la exoneración de cuotas a la Seguridad Social, tanto en el caso de los ERTE como de los autónomos, que retroceden desde los 6.349 a los 435 en el primer caso y desde los 2.708 a 400 millones en el segundo.

Otras prestaciones extraordinarias para proteger a los trabajadores más vulnerables del impacto de la pandemia -desde la ayuda a fijos discontinuos al subsidio a las trabajadoras de hogar- desaparecen del documento enviado a Bruselas, que reduce a la mitad el gasto previsto por desempleo (del 3,7 % del PIB en el 2020 al 1,5 % en el 2021, aunque en otro lugar del texto lo eleva tres décimas, al 1,8 %), y ello pese a que la tasa de paro no bajará del 17 %.

El plan presupuestario tampoco reserva dinero para las bajas por covid (infecciones y cuarentenas), a pesar de que estima en 1.355 millones el gasto total que supondrán este año. Una cifra, esta última, que difiere de la facilitada por el ministro Escrivá hace unos días: 1.369 millones entre marzo y septiembre, sorprendentemente 14 más de los que Hacienda calcula para el conjunto del año.

Ingresos récord, dudosos

Los cálculos sobre los ingresos también siembran dudas. Aunque el Ejecutivo anuncia ante Europa un incremento de la recaudación de 33.500 millones, los expertos sostienen que los números están dopados por un exceso de optimismo sobre la fuerza del consumo y de las exportaciones, incluso aunque la economía se recupere. Tampoco concreta, más allá de la subida del IVA a los refrescos o el nuevo gravamen a los envases de plástico, cuáles serán las alzas de impuestos directos e indirectos con las que pretende elevar en 2.000 millones la recaudación el año que viene. Les dedica exactamente siete líneas. «Es porque aún estamos pendientes de cómo se cierre la negociación de los Presupuestos», se defienden en Hacienda.

El Gobierno reserva 4.400 millones más para las nóminas de los funcionarios, pero no concreta cuánto les subirá el sueldo

Tras semanas de insistentes rumores sobre la congelación salarial para funcionarios y pensionistas el año que viene, la publicación del plan presupuestario remitido por el Ejecutivo a las autoridades comunitarias solo ha disipado las dudas en este último colectivo. Los 8,8 millones de personas que viven en España de una prestación contributiva de la Seguridad Social (entre ellas, 676.590 en Galicia) saben ya que en el 2021 verán incrementadas sus nóminas en un 0,9 %.

No ocurre lo mismo con los 2,6 millones de empleados públicos (unos 148.000 en la comunidad), que se han quedado como estaban. No concreta Hacienda en su informe qué pasará con los sueldos de los funcionarios el año que viene.

La única pista que ofrece es que, según sus cálculos, las remuneraciones del personal al servicio de las Administraciones pasarán de suponer un 12,9 % del PIB en este ejercicio a un 12 % el próximo. Eso no quiere decir que se vaya a destinar menos dinero a nóminas. Al revés. El gasto total pasa de los más de 142.600 millones previstos para el conjunto de este año a los 147.000 proyectados para el que viene, un incremento de 4.400 millones. Pero, como para el próximo ejercicio se prevé un incremento del PIB cercano al 10 %, al medir el coste en función de esta variable, la ratio desciende.

Ese incremento del gasto, apunta Hacienda en el informe, no procede de un refuerzo del personal para combatir la pandemia. Al revés. Confía el Gobierno en que «la mejora de la situación sanitaria» que espera para el 2021 permitirá prescindir de parte de los interinos contratados para reforzar el sistema sanitario y otras labores críticas, como la educación o la limpieza. Lo que apuntaría, por tanto, a un incremento de las nóminas del personal fijo.

En esa línea apuntó ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, que aseguró que la congelación del sueldo de los funcionarios no está en la agenda del Gobierno: «No hay ninguna duda de que las condiciones del empleo público deben ser mejoradas». Un mensaje similar al lanzado en el mismo acto por el líder de CC.OO., Unai Sordo, quien remarcó que el Ejecutivo «nos jura y nos perjura que en ningún caso está pensando en una congelación salarial».

Pero, de momento, los sindicatos están a la espera de que Función Pública los convoque en los próximos días para informarles de una decisión que ya debería estar recogida en las cuentas para el próximo año.

Subir las pensiones costará 1.440 millones y ampliar el permiso de paternidad, 300

Aunque un pensionista medio gallego apenas verá reflejados ocho euros adicionales en su nómina mensual, que no le darán para muchas alegrías, el incremento del 0,9 % de las prestaciones contributivas a la Seguridad Social tendrá un coste de casi 1.440 millones de euros para el erario. Una cuantía casi idéntica a la desembolsada durante este ejercicio para compensar el incremento del coste de la vida que, por efecto de la crisis derivada de la pandemia, no se ha producido. Al revés, en los nueve primeros meses del año los precios se redujeron un 1,4 %, según los datos del INE, por lo que jubilados y viudas han visto aumentado su poder adquisitivo.

Permiso de paternidad ampliado

Otra de las medidas recogidas por el Gobierno en el plan presupuestario remitido a Bruselas es la ampliación del permiso de paternidad, que en el 2021 se equiparará definitivamente al de maternidad, con 16 semanas de baja laboral retribuida para cada progenitor. Las cuatro semanas adicionales que disfrutarán quienes sean padres el año que viene supondrán un sobrecoste de 307 millones.

Más gasto en renta mínima

El documento que recoge las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado también anuncia un fuerte aumento del gasto asociado al ingreso mínimo vital el próximo año, cuando Hacienda reserva 3.000 millones de euros para el abono de estas prestaciones, el doble que en el ejercicio actual. Estas previsiones están realizadas bajo el supuesto de que las ayudas alcancen a 850.000 familias, el objetivo inicial fijado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Sin embargo, este mismo rebajó la semana pasada ese número, argumentando que las cifras de aceptación de los expedientes tramitados hasta ahora llevan a pensar que en esta primera fase solo se concederán entre 500.000 y 550.000 prestaciones.

Jubilación anticipada de policías

El plan cuantifica también el coste de la aplicación de los coeficientes reductores que permitirán jubilarse a los policías locales a los 60 años o a los 59 en caso de poder acreditar 36 años de ejercicio profesional. La medida requerirá un desembolso adicional de 40 millones el año que viene, que se suman a los 39 ya desembolsados durante este ejercicio.

 

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