El Pacto de Toledo da a Escrivá tres meses para acotar las penalizaciones a la prejubilación

La Voz MADRID / EUROPA PRESS

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Reclama evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones

18 oct 2020 . Actualizado a las 16:56 h.

La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a determinar en tres meses las posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas.

Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que aboga por no aplicar descuento alguno a las personas que tras largas carreras de cotización, de más de 40 años, de ven abocadas a jubilarse de forma anticipada por caer en desempleo en el tramo final de su vida laboral.

La Comisión -presidida por la exministra socialista Magdalena Valerio- reclama al Gobierno evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron estas prejubilaciones y a sus carreras de cotización.

En un primer momento, los grupos contemplaban recomendar un estudio para analizar posibles excepciones pero finalmente el texto incluido en las recomendaciones, ya prácticamente cerradas a falta de un último visto bueno la próxima semana, pone fecha a ese análisis y urge a determinar qué colectivos podrían librarse de las penalizaciones.

Subidas con el IPC

Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.

Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta el 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.

Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en el 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en el 2022- pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.