El Gobierno aprobará las cuentas sin desvelar por ahora las medidas fiscales
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Diferencias de criterio de PSOE y Podemos complican el cierre del borrador
26 oct 2020 . Actualizado a las 09:19 h.En tiempo de descuento para que vean la luz los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021 siguen rodeados de incertidumbre, especialmente en lo que respecta al alcance de las medidas fiscales -las que afectan directamente al bolsillo de los contribuyentes- en un momento extraordinariamente difícil para la economía por el impacto de la pandemia y sus rebrotes. Aunque las líneas maestras de las cuentas llevan semanas definidas y el techo de gasto experimentará un incremento histórico (superior al 50 %, hasta los 196.000 millones), la letra pequeña de los impuestos sigue siendo una incógnita. ¿De dónde saldrán los casi 3.400 millones que el Ejecutivo espera recaudar con la fiscalidad verde y los tributos directos e indirectos? ¿Cuáles serán finalmente los «ajustes»? La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lleva días asegurando que solo faltan «unos flecos» por cerrar entre los socios de Gobierno, pero los cambios se han sucedido hasta última hora. A continuación, los principales puntos de fricción entre PSOE y Podemos y las novedades de las cuentas que, previsiblemente, irán mañana al Consejo de Ministros:
Subida del IRPF
Del umbral de los 300.000 euros a aplazarse. «Se introducen una serie de medidas que permiten reforzar la progresividad del sistema impositivo, logrando obtener una recaudación adicional para contribuir en el momento actual al mantenimiento del Estado del Bienestar». Con esta vaguedad recogía el plan presupuestario remitido a Bruselas hace unos días las intenciones del Ejecutivo de subir impuestos. Aunque no especificaba las medidas -la estrella iba a ser la subida fiscal a las rentas altas-, sí cuantificaba su capacidad recaudatoria: 2.548 millones, 550 en el 2021 y 1.998 en el siguiente.
Aunque el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos fijaba en 130.000 euros la renta a partir de la que se elevaría el IRPF en dos puntos porcentuales, y en cuatro a partir de los 300.000, y así se recogía en los fallidos Presupuestos del 2019, en esta ocasión parecía que finalmente se iba a imponer el criterio socialista, gravando más a partir del umbral máximo. Podemos, por su parte, defendía elevar la tributación a quienes ganasen más de 200.000 euros.
Sin embargo, el jueves el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, echó por tierra la subida prevista para quienes más ingresos tienen, que estuvo semanas sobre la mesa, al asegurar que se retrasará «al momento en el que el país lo pueda encajar». Sin embargo, el viernes la ministra Montero volvía a reunirse con el secretario de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, negociador de las cuentas en nombre de Unidas Podemos. El asunto volvía a estar sobre la mesa.
En cualquier caso, el número de contribuyentes a los que afectaría el alza sería inferior a los 94.500 que declaran rentas superiores a los 150.000 euros anuales (en Galicia no llegan a 4.000), único dato desagregado por nivel de renta que ofrece la Agencia Tributaria. También su capacidad recaudatoria se debilita, pues la subida planeada para ingresos a partir de 130.000 euros aportaba 380 millones.
Grandes fortunas
Un alza en el aire. Gravar más a las grandes fortunas era otra de las subidas previstas, pero que aún está en el aire, ya que el PSOE -a diferencia de la formación morada- prefiere abordarla en la reforma del sistema de financiación autonómica, puesto que el impuesto sobre el patrimonio está cedido a las comunidades, que pueden bonificarlo hasta neutralizarlo, como ocurre en Madrid.
Sociedades
Subidas puntuales, pero no una reforma del tributo. La complicada situación económica provocada por la pandemia también parece haber hecho desistir al Ejecutivo de su idea de reformar el impuesto de sociedades, posponiéndolo igualmente hasta que la crisis amaine. Sin embargo, eso no impedirá que haya subidas puntuales para las grandes empresas, ya que sociedades e IRPF son los dos únicos impuestos con capacidad recaudatoria como para alcanzar los objetivos que el Ejecutivo ha prometido a Bruselas.
De hecho, en el plan remitido a la Comisión, pese a no detallar las alzas que aplicará (la pretensión inicial era fijar un tipo mínimo del 15 %, que se elevaría al 18 % para bancos y energéticas), proyectaba un incremento del 14 % en la recaudación el próximo año, que permitiría recuperar los 25.000 millones del 2019, antes de la crisis.
Nuevos impuestos
De las tasas Tobin y Google a gravar el plástico o los refrescos. De lo que ya no cabe duda es de que las cuentas del Estado incluirán las recién aprobadas tasas Google y Tobin, es decir, las nuevas figuras impositivas con la que se gravarán determinados servicios digitales y transacciones financieras y con las que se esperan recaudar 968 y 850 millones anuales, respectivamente.
El documento enviado a la Comisión Europea también desveló dos nuevos tributos para aliviar unas famélicas arcas públicas a las que el gasto se les ha multiplicado: aplicar un IVA del 21 % a las bebidas azucaradas y un impuesto a los envases de plástico no reutilizables. La previsión es ingresar 400 millones por el primero (340 en el 2021 y 60 el año siguiente) y otros 491 por el segundo, enmarcado dentro del epígrafe de «fiscalidad verde», en el que también encajará la subida del impuesto al diésel (3,8 céntimos por litro) para equipararlo con la gasolina. Sin embargo, en el plan enviado a Bruselas no se habla específicamente de gravar el diésel, aunque la pretensión del Gobierno es recaudar 1.361 millones adicionales (1.311 el próximo año), con tributos vinculados a la transición ecológica.
IVA
La lupa puesta sobre los tipos más bajos. Entre las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para racionalizar el gasto público, estaba revisar los productos y servicios a los que se aplican los tipos reducido y superreducido del IVA (del 4 y el 10 %), en lugar del general, del 21 %. En el punto de mira está, por ejemplo, subir el gravamen a la educación y la sanidad privadas, así como a otros servicios que, como la hostelería o el ocio, no son de primera necesidad. La única pista dada a la UE es que, «por razones de equidad» se introducirán «una serie de medidas» cuyo impacto conjunto ascenderá a 1.724 millones, 1.509 en el 2021.
Alquileres
Regular los precios. Se ha convertido en una exigencia irrenunciable para la formación morada -frente a la negativa de las filas socialistas, que creen que no es el momento-, hasta el punto de condicionar a ello el respaldo a los Presupuestos. También el porcentaje de subida del indicador público de renta de efectos Múltiples (Iprem) es otro foco de discrepancias.
