La Fiscalía del Supremo insta al juez a que pida el suplicatorio del diputado de Podemos Alberto Rodríguez

El Ministerio Público ve indicios de atentado contra agente de la autoridad y lesiones durante una protesta en el 2014

Alberto Rodríguez, de Podemos.
Alberto Rodríguez, de Podemos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este jueves al juez que se dirija al Congreso de los Diputados con el fin de solicitar el suplicatorio para dirigir el procedimiento contra el secretario de Organización de Unidas Podemos, el diputado Alberto Rodríguez, que el pasado día 19 rechazó prestar declaración voluntaria como investigado en un presunto delito contra agentes de autoridad durante una protesta en el 2014, según informa Europa Press.

En su informe, señala que analizado el contenido de las actuaciones remitidas, se deduce «indiciariamente» la participación de Rodríguez «en hechos que pudiéramos calificar jurídicamente de atentado a agentes de la autoridad y falta de lesiones», por lo que cree necesario que comparezca ante el alto tribunal.

El parlamentario se negó a declarar de forma voluntaria

El magistrado Antonio del Moral, que instruye la causa, pidió opinión a la Fiscalía tras la incomparecencia del diputado. El parlamentario no acudió a la cita judicial y explicó que, desde el «respeto a los procesos judiciales establecidos», optó no acogerse al ofrecimiento cursado por el instructor del alto tribunal.

«En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica», según respondió Rodríguez a través del partido.

La Sala de lo Penal del alto tribunal acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en el 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

Tras conocer la posición del Ministerio Público, el Supremo previsiblemente emprenderá un procedimiento de imputación formal del diputado solicitando al Congreso un suplicatorio para poder investigarle.

Situación similar a la de Pablo Iglesias

En la misma situación podría verse el líder del partido, Pablo Iglesias, en el caso de que la Sala de lo Penal del alto tribunal acoja la exposición razonada que ha elevado contra él el juez de la pieza Dina, que investigó el robo de datos del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

Sobre los hechos atribuidos a Rodríguez, el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

Protesta por la Ley Wert

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan al 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en un acto en la catedral.

Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como pancartazos y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo. 

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en el 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre del 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.

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