El fondo público de pensiones echará a andar en un año, como muy tarde

Tendrá gestión privada, su objetivo es abaratar las comisiones y podrán adscribirse tanto los actuales planes de ahorro individuales como los de empresa


Redacción

Menos de un año. Ese es el plazo, recogido en los Presupuestos, que se da el Gobierno para crear el anunciado fondo público de pensiones, con el objetivo de incentivar el ahorro y complementar la jubilación. Un sistema pensado especialmente para aquellos que no tienen acceso a los planes de pensiones privados, con las ventajas de las que disfrutan los empleados de las grandes empresas. Podrán acogerse a ellos autónomos, pymes y trabajadores del sector público, por poner solo tres ejemplos.

La intención de crear dicho fondo público ya la había anunciado el ministro José Luis Escrivá ante el Pacto de Toledo, y la propia comisión se acaba de hacer eco, en sus recomendaciones, de la necesidad de impulsar este tipo de instrumento de previsión. Pero es ahora cuando se le pone por primera vez plazo a su creación y se establece cuáles serán sus condiciones.

Así, el proyecto de ley de las cuentas señala que estos fondos de pensiones de promoción pública serán de carácter abierto y a ellos podrán adscribirse los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación. Además, por defecto se sumarán todos los planes de la misma modalidad de empleo -los que suscriben las empresas para sus trabajadores- que no determinen un fondo específico concreto.

Del mismo modo, el futuro vehículo público podrá canalizar inversiones de otros fondos de empleo. Y es que uno de sus objetivos del Gobierno con este instrumento es estimular la competencia en el sector para lograr abaratar las comisiones de estos productos, que consideran excesivamente elevadas, lo que les resta atractivo.

Mejores condiciones

Por ello, tanto los trabajadores que ya cuenten con un plan de ahorro individual como con los preexistentes de empresa, podrán traspasarlos al nuevo fondo estatal, cuya gestión será privada.

El proceso de selección de la entidad gestora se hará mediante un concurso competitivo abierto y una comisión de control será la encargada de marcar la política de inversiones. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social podrá autorizar su modificación, además de disponer de veto sobre las decisiones de inversión, además de poder sustituir a las entidades gestora y depositaria.

«La política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Seguridad Social», explica el texto.

La pensión máxima queda en 2.707 euros al mes; y las bases de cotización, congeladas

La pensión máxima para el 2021 quedará fijada en 2.707,49 euros al mes, repartida en 14 pagas, tal y como consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año. La medida, que supone una revalorización del 0,9 %, que para los jubilados con rentas más elevadas se traduce en un incremento de 24 euros mensuales, beneficiará a casi 350.000 pensionistas.

La subida para este tramo del colectivo es bastante más del doble que la que recibirá el pensionista medio del sistema, que apenas notará un incremento de nueve euros en su nómina.

Tope para todas las prestaciones

El próximo ejercicio ningún pensionista podrá percibir una prestación pública superior a los 37.904,86 euros anuales, lo que supone 338 euros más que este año. Este límite no se podrá tampoco rebasar ni siquiera en caso de ser beneficiario de dos prestaciones (la suma de ambas nunca podrá superar esta cantidad máxima, tal y como se especifica en el documento).

Para alcanzar esta jubilación, el trabajador tendrá que haber cotizado al menos 37 años y haber abonado el máximo a la Seguridad Social durante los últimos 22 años de su carrera, aunque hay algunos otros supuestos en los que también puede llegar a cobrarse.

Brecha del 45 %

La traducción práctica sería que en la actualidad estarían cotizando por unas retribuciones de 48.840 euros, aunque luego recibirían cuando se jubilasen 37.900 euros, ya que la brecha entre la pensión máxima y la base máxima de cotización cada vez se amplía más y se dispara ya a más del 45%.

A día de hoy, hay casi un millón y medio de afiliados que están cotizando por el máximo a la Seguridad Social, según estimaciones del ministerio que dirige José Luis Escrivá. Sin embargo, la CEOE rebaja sensiblemente esa cifra y la sitúa en el millón de trabajadores.

Actualización de las bases

Lo que aún no se sabe es si las bases máximas subirán el próximo año o se congelarán, al igual que ocurre con las bases mínimas, que en este caso se elevan lo que avance el salario mínimo interprofesional (SMI).

Y es que, después de aplicarle en el 2019 el mayor incremento de su historia (pasó desde los 736 hasta los 900 euros), los Presupuestos del 2021 no contemplan cambios, si no dejarlo congelado.

Sin embargo, aunque las cuentas no recojan revisar el SMI, la decisión final la toma el Gobierno a finales de año, después de someterlo a la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos.

El Gobierno arrincona a Galicia en el reparto de las ayudas europeas

c. porteiro

Prima por partida doble a comunidades autónomas más despilfarradoras

La inversión del Estado en Galicia caerá el próximo año un 11 % con respecto a las últimas cuentas -las del 2018-, si prosperan los Presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esa es la intención del Gobierno que, a la hora de detallar las cifras, desvela que también ha decidido arrinconar a Galicia en el reparto de las ayudas europeas para el 2021.

Según consta en el documento presupuestario presentado el pasado miércoles, de los 5.373 millones de euros preasignados a las comunidades autónomas -que procederán del sobre regional de 18.793 millones del Next Generation EU-, solo 250 millones de euros (el 4,65 %) recalarán en territorio gallego el próximo año. Al menos 169 para proyectos medioambientales y otros 81 millones para políticas de vivienda.

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