Editores y periodistas califican de «ataque» a la libertad de prensa la creación de un comité gubernamental para controlar las noticias falsas

Recuerdan que la Constitución ampara que sean los medios los que deciden «qué es lo que se publica o no»

La vicepresidenta Carmen Calvo
La vicepresidenta Carmen Calvo

Redacción

El Gobierno publicó ayer en el BOE la activación de un plan para luchar contra las fake news, que incluye la creación de un comité bajo la batuta del jefe de Comunicación de Moncloa, Miguel Ángel Oliver para controlar su difusión. El proyecto, aprobado por el Consejo de Seguridad y dirigido por miembros del Ejecutivo, tiene como objetivo hacer frente a la difusión de «noticias falsas».

Este anuncio provocó la reacción de periodistas y editores que consideran esta iniciativa del Gobierno un ataque a la libertad de información. La Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a los principales editores de noticias de España, advierte de la posible inconstitucionalidad de un proyecto que «vulnera el espíritu del artículo 20 de la Carta Magna» en el que se garantiza la libertad de prensa.

Establecer niveles de activación que podrían llegar a «la toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional», como indica lo publicado en el BOE, «podría conllevar la asunción de facultades que solo le corresponden al poder judicial».

Los editores también critican la falta de transparencia del Gobierno ya que la AMI, no ha sido informada «en ningún momento» de la puesta en marcha de este procedimiento.

En la misma línea, la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) instó al Gobierno a que aclare cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el comité para la lucha contra la desinformación. La FAPE muestra su «profunda preocupación» por las consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo. «Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio», señalan desde la federación, que recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios, amparados en el artículo 20 de la Constitución, los que deciden «que es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no».

La FAPE también se pregunta cómo el Ejecutivo va a contrarrestar las campañas de desinformación y las medidas que adoptará para ello. «Los periodistas somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, pero entendemos que ese combate debe efectuarse en el marco de la ley. Para sancionar están los tribunales», recuerdan. La federación considera que la creación de este comité solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro «los fundamentos de nuestra democracia», y alerta de que, al ser dependiente del Gobierno, pueda ser «utilizado con fines políticos para limitar el derecho a la libertad de expresión».

Los detalles de la orden ministerial

El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como fake news mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios». 

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas» como es el acceso a la información veraz.

En esta línea, la orden señala que la información permite a la ciudadanía adquirir conciencia y fundamento para participar en los debates públicos y, entre otros derechos democráticos, en los procesos electorales. «Sin embargo, estos procesos de participación democrática se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada» de las propias fake news.

Asimismo, el Ejecutivo se escuda en que este plan tiene como finalidad dar cumplimiento a los requerimientos establecidos por la Unión Europea e implementar a nivel nacional las políticas y estrategias promulgadas en el ámbito de la lucha contra la desinformación. Para ello, explican que urge redefinir los aspectos implicados mediante la identificación de los órganos, organismos y autoridades que forman el sistema, y marcar el procedimiento sus actuaciones.

Para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

Participación conjunta

Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere «oportuna y relevante» para combatir las fake news. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo «con acciones como la identificación y no contribución a su difusión».

Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

A su vez, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaria de Estado de Comunicación y presidida por el director del Departamento de Seguridad Nacional, e integrada por representantes de Defensa, Interior, Exteriores, y del Ministerio de Asuntos Económicos.

Suya será la responsabilidad de elaborar la propuesta de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación al Consejo de Seguridad Nacional, y para ello podrán convocar en calidad de expertos a funcionarios, cargos autonómicos e, incluso, a representantes del sector privado.

Cuatro niveles de actuación

Para ejecutar todo el procedimiento, el Gobierno ha establecido cuatro niveles de activación que sirven tanto para la detección de campañas de desinformación y su análisis ante unos posibles impactos en la Seguridad Nacional, como para el apoyo en la gestión de situaciones de crisis donde pudiera haber una afectación derivada de dichas campañas.

El primer nivel permite actuar a nivel técnico para detectar, realizar la alerta temprana y notificar según su comunidad de referencia. La monitorización de la información está contemplada en esta parte, así como la investigación de su posible origen y propósito.

El segundo nivel comienza con la convocatoria y la evaluación de la alerta por parte de la mencionada comisión. En este estadio, se activará una célula de Coordinación contra la desinformación por parte del director del Departamento de Seguridad Nacional. Será ahí cuando se decida si se realiza una campaña de comunicación pública dirigida por la Secretaría de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de la campaña de desinformación.

El tercero de los niveles estará centrado en la gestión estratégica y política de los aspectos de la crisis, y adopción de medidas con arreglo al marco para una respuesta conjunta, que vendrá determinada por el Comité de Situación.

El último nivel contempla la gestión política de la respuesta a una crisis y la adopción de medidas en el caso de la atribución pública a un tercer Estado de una campaña de desinformación.

Casado ve en el plan un «orwelliano ministerio de la verdad» que «ataca» la democracia

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de crear un «orwelliano ministerio de la verdad» con su plan contra la desinformación y las fake news, y ha recalcado que se trata de un «ataque intolerable» a la democracia. A su entender, se trata de una orden para «vigilar» a los medios.

El PP ha exigido la retirada de esa orden ministerial, que aprueba un procedimiento de actuación contra las fake news mediante el cual monitorizará la información y podrá pedir colaboración a los medios de comunicación. Además, ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de gabinete de Presidencia, Iván Redondo, para que informen sobre este plan que, según los populares, es un «escándalo».

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