El Gobierno admite que quiere «limitar» a los medios para impedir las falsedades
ACTUALIDAD
La decisión sobre lo que es o no veraz la tomarán miembros del Ejecutivo
16 nov 2020 . Actualizado a las 12:40 h.«Se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia». Aunque el Gobierno asegura que el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado el jueves no limitará la libertad de información y se centra en controlar la injerencia desde el extranjero, las palabras de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, alimentaron la polémica sobre un plan que para la oposición es censura.
¿En manos de quién estará decidir si una información es veraz?
Al frente del control sobre la veracidad estará el Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es el jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo. En un segundo nivel actuará el secretario de estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. Intervendrá también el Centro Nacional de Inteligencia. Serán también «autoridades competentes los «gabinetes de comunicación de ministerios, y otros organismos relevantes».
¿Cuál es el objetivo?
Según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se trata de garantizar el acceso a «información veraz y diversa» y «fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación». Se plantea también «examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la covid-19». La ministra de Exteriores señaló como ejemplo de noticias objeto de este plan que en Estados Unidos «se ha sugerido que beber lejía» ayudaba a «combatir» el coronavirus. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, puso el ejemplo de una llamada a no votar en unas elecciones con informaciones falsas sobre situaciones de inseguridad inexistentes.
¿Se plantea vigilar lo que publican los medios?
Sí. En la detección de campañas de desinformación, el texto aprobado plantea en primer lugar la «monitorización y vigilancia» para la «detección, alerta temprana, notificación y análisis». En caso de que se detecte algo que se considere desinformación, se activarían los protocolos para investigar «el posible origen» y «el propósito», y posteriormente se decidirían las acciones a tomar. Se propone además que medios, plataformas digitales y el mundo académico contribuyan a luchar contra la desinformación con la «identificación y no contribución a su difusión».
¿En qué se ampara el Gobierno?
El Ejecutivo asegura que se trata de implantar en España el European Democracy Action Plan aprobado por la Unión Europea. Pero ese plan no está en vigor en ningún país. Y a lo que hacía referencia era exclusivamente a un plan para hacer frente a la desinformación durante los procesos electorales celebrados en Europa.
¿Cómo se legisla contra las noticias falsas en otros países europeos?
Ninguno plantea un control directo por parte del Gobierno. En Francia se contemplan multas y hasta penas de cárcel, pero el procedimiento está en manos de un Consejo Superior de lo Audiovisual, que es independiente. En Alemania se pone el acento en formar a la población para detectar noticias falsas. En Reino Unido no hay una legislación específica, pero el Gobierno colabora con medios redes y plataformas para eliminar las fake news. En Italia, lo que se ha creado es una comisión parlamentaria, con participación de todas los partidos, para contrarrestar la difusión de noticias falsas.
La Unión Europea estudia el plan de Moncloa, en el que la oposición ve un intento de censura
El plan del Gobierno acabará siendo examinado por la Unión Europea, al igual que la reforma del modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un portavoz de la Comisión Europea señaló ayer al respecto que «la Comisión está vigilando la aplicación de las medidas de emergencia durante la pandemia». Fuentes comunitarias citadas por Europa Press indican que Bruselas está «estudiando» esa orden. El líder del PP, Pablo Casado, anunció que recurrirá ante las instituciones europeas el plan contra la desinformación del Gobierno, que tachó de «ataque a la democracia». «Es una medida orwelliana, un ministerio de la verdad», afirmó Casado, que indicó que un Ejecutivo que «miente» con el covid y las previsiones económicas «no está para velar por quién dice una mentira». La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, calificó de «cacicada» que «el Gobierno de las mentiras» quiera llevar a cabo un plan contra la desinformación y anunció que también lo denunciará en Europa. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, consideró por el contrario una «obligación» del Gobierno proteger a la sociedad y sus valores democráticos frente a los bulos. El subsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio José Hidalgo López, garantizó que el procedimiento aprobado contra noticias falsas no afectará en ningún caso a derechos fundamentales y solo busca «alertar» ante campañas de desinformación.
