El pasado jueves, dos días después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se registraron dos hechos remarcables en la esfera de la comunicación de masas. Las grandes cadenas norteamericanas de televisión cortaron al unísono el discurso de Donald Trump que exponía, en horario de máxima audiencia, su última fake news global: los demócratas le habían robado la presidencia. Incluso Fox News, su cadena amiga, que lo mantuvo en pantalla, apostilló a su perorata: «No hemos visto el fraude del que habla».
El mismo día, el BOE publicaba el «procedimiento de actuación contra la desinformación». La orden convierte al Gobierno, y concretamente a Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, jefe de gabinete y secretario de Estado, en nuestros vigilantes de la playa: los encargados de velar por nuestro derecho constitucional «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio». Digámoslo ya sin ambages: el Gobierno ha metido la pata hasta el corvejón y debe rectificar. Si no lo hace, tendremos que darle la razón a sus críticos más conspicuos: no se propone combatir las noticias falsas, sino que pretende controlar la información.
A nueve de cada diez ciudadanos europeos les preocupan las campañas de desinformación. A la Unión Europea también. Por esa razón Bruselas aconseja a los estados miembros que desarrollen y coordinen planes para combatirlas, pero centrados específicamente en dos objetivos: los ciberataques que buscan desestabilizar las instituciones y procesos electorales, y la proliferación de bulos sobre el covid. Incluso sugiere una línea de actuación: reforzar la libertad y el pluralismo de los medios, proteger a los periodistas y mejorar sus condiciones de trabajo. Pero la interpretación que hace el Gobierno de tales recomendaciones resulta, cuando menos, inquietante. Traducir «reforzar» por «examinar» la libertad y el pluralismo de los medios, como hace la orden ministerial, cambia radicalmente el sentido del texto. Y plantea preguntas perturbadoras. ¿Quién examinará a quién? ¿Iván Redondo y su comité gubernamental a los medios que desinforman o a los que no considera adictos a su causa? ¿Y quién examinará al examinador?
La orden, ya sea adrede o por descuido, pone al zorro a vigilar a las gallinas. Los gobiernos, ya sea por intereses estratégicos, políticos o particulares, son grandes dinamos de intoxicación informativa. Fabricantes de noticias falsas y medias verdades, con tendencia al ocultamiento y a los secretos oficiales. Incómodos con la libertad de expresión -la prueba del algodón de toda democracia- y con los medios que hurgan en sus interioridades, incluso con los de su cuerda: siempre les parecen escasos el apoyo y los halagos que les brindan. Putin o Trump, con sus ciberataques y sus tuits, son ejemplos de libro. Por eso resulta absurdo y contranatura pedir a los gobiernos, o a sus áulicos, que combatan sus propios bulos. Afortunadamente, mientras exista libertad de expresión, siempre habrá medios que dejen al señor presidente con la fake news en la boca.