Polonia y Hungría sabotean los presupuestos de la UE

Si no levantan el veto, España no podrá desbloquear las ayudas de las que depende su recuperación


Redacción / La Voz

Llevaban meses advirtiéndolo y hoy lo han vuelto a confirmar: los gobiernos de Polonia y Hungría vetarán los presupuestos de la UE para los próximos siete años. Eso aseguran los portavoces de sus Ejecutivos. Las cuentas que deben contar con el aval de todos los Estados miembro (27). Sin él, la Comisión no podrá salir a los mercados para financiar el paquete de ayudas para la recuperación de España (140.000 millones de euros, 72.000 en subvenciones a fondo perdido). 

Tanto el primer ministro húngaro, Viktor Orban (PP europeo), como su homólogo polaco Mateusz Morawiecki (euroescéptico) se han plantado. Y lo han hecho tras amenazar en multitud de ocasiones con bloquear el acuerdo si no se retira una cláusula introducida por la presidencia alemana de turno de la UE para vincular el desembolso de los fondos con el respeto al Estado de derecho, un asunto con el que ambos países tienen algo más que problemas. Tanto Hungría como Polonia arrastran un largo historial de deriva antidemocrática (restricción de libertades individuales y secuestro de la Justicia), lo que obligó a la UE a abrirles sendos expedientes de infracción. 

El primer paso para dinamitar las cuentas lo dieron este mediodía sus embajadores ante la UE. Hoy deberían haber avalado el acuerdo presupuestario para el período 2021-2027, pero ambos se negaron: «Los embajadores ante la UE no han podido alcanzar la unanimidad necesaria para iniciar el procedimiento escrito debido a las reservas expresadas por dos Estados miembros», confirmó el portavoz de la presidencia alemana, Sebastian Fischer. 

La Eurocámara y el Consejo acordaron el pasado 5 de noviembre incluir en el presupuesto comunitario la polémica cláusula que se se activaría por mayoría cualificada de Estados en el Consejo y a propuesta de la Comisión Europea (Ejecutivo europeo). Esta palanca para congelar los fondos se ideó para evitar que se utilice el dinero de los contribuyentes europeos para socavar principios democráticos y «valores fundamentales como la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías». «El acuerdo también incluye la posibilidad de que los beneficiarios últimos de los fondos, como las ONG, agricultores o estudiantes, puedan seguir recibiéndolos incluso si su Gobierno está sujeto a la activación del mecanismo», explica el Parlamento Europeo. 

¿Por qué afecta a España?

Si el veto se materializa, postergaría de forma indefinida el desembolso de los fondos europeos (los ordinarios) y las ayudas a la recuperación (extraordinarias). De esta última partida -que cuenta con 72.000 millones de euros en transferencias directas-, el Gobierno de Sánchez ya ha adelantado 27.000 millones de euros para sus Presupuestos del 2021. Es más, todos sus planes presupuestarios giran en torno a la recepción (a tiempo y forma), ejecución y buenos resultados de estos fondos. Si se posterga el envío, la recuperación plena de la economía podría alargarse hasta el 2024 como mínimo

Pero este no es el único problema para España. Aunque los presupuestos europeos, de los que depende el Next Generation EU (fondo de recuperación), se conviertan en una larga y agónica pelea con los dos países de Visegrado, la UE ya llega tarde al calendario. Todavía no hay un reglamento base para desembolsar las ayudas anticrisis y no hay definidos criterios claros para canalizar el dinero hacia los proyectos. Sí se sabe que deberán girar en torno a la transición digital y ecológica. Además, el estudio de los planes de España podría demorarse hasta tres meses en los cuarteles de la Comisión

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