El Gobierno amplía a ocho años el plazo de devolución de los préstamos ICO

C. Vallejo MADRID / COLPISA

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E. Parra. POOL

Prorroga a marzo del año que viene la moratoria concursal, para evitar la liquidación de empresas viables

17 nov 2020 . Actualizado a las 20:31 h.

El Gobierno anticipa meses aún complicados para la actividad económica, según palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Y para hacer frente a ello, «se adapta la red de seguridad» que el Ejecutivo ha construido para sostener a las empresas y a los autónomos y «evitar cierres por problemas de solvencia de corto plazo». Así, ayer el Consejo de Ministros aprobó un decreto que toca los diferentes andamiajes en los que se han apoyado las compañías para soportar en mejores condiciones la pandemia: los créditos avalados por el ICO, la suspensión de los concursos de acreedores y la protección a los sectores estratégicos ante una eventual irrupción del capital extranjero.

Extensión de los avales

Los créditos avalados por el ICO se podrán solicitar hasta el 30 de junio del 2021. Ello aplica tanto a la línea aprobada en marzo y dotada con hasta 100.000 millones de euros como a la puesta en marcha en verano de hasta 40.000 millones para financiar inversiones.

Además, los actuales prestatarios podrán solicitar tanto una extensión de tres años en el plazo de amortización, hasta alcanzar un máximo de ocho años, como elevar el plazo de carencia en doce meses, hasta un máximo de 24 meses. El banco deberá aprobarlo en un plazo tope de treinta días, siempre y cuando el cliente no esté en mora ni inmerso en un concurso de acreedores. El ICO acompañará a la entidad financiera incrementando el aval por el mismo período.

Ninguna de estas mejoras puede ir ligada a la contratación de productos adicionales que comercialice el banco. Y, además, este no podrá incrementar de forma injustificada el tipo de interés. Si bien es posible que los créditos que se lleven hasta los ocho años podrían encarecerse, dado que el coste de la garantía del ICO también lo hace.

La medida afecta a más de medio millón de empresas, que son las que se benefician de los préstamos avalados.

El decreto también habilita al ICO para que pueda acceder a la información de la central de riesgos del Banco de España, el CIRBE. Ahí podrá conocer la situación de los prestatarios a los que avala. El afán con que se hace no es para participar en la decisión de la concesión de créditos -salvo en operaciones muy grandes-, sino ante los potenciales créditos fallidos, a efectos de recuperación cuando se ejecute el aval del ICO.

Moratoria de los concursos

La suspensión de la obligación de presentar el concurso voluntario de acreedores se prorrogará desde el 31 de diciembre que se había establecido al principio de la crisis hasta el 14 de marzo del 2021. Además, los jueces tampoco podrán admitir a trámite las solicitudes de concursos necesarios que presenten los acreedores hasta esa misma fecha. Asimismo, el decreto aprobado ayer extiende del 31 de octubre al 31 de enero el inicio de la admisión a trámite de las solicitudes de incumplimiento de los convenios o de los acuerdos de refinanciación ya en vigor, puesto que se asume que estos se han visto afectados por la pandemia. Esta última medida se aplicará con efecto retroactivo, con lo que se suspenderá la tramitación de casos iniciados desde el 1 de noviembre.

Empresas estratégicas

Si desde la primavera las empresas españolas consideradas estratégicas estaban protegidas de la incursión de capital extracomunitario, a partir de ahora las inversiones directas realizadas por residentes de la Unión Europea también tendrán que someterse a la autorización previa del Gobierno de forma temporal hasta el 30 de junio de 2021. Ello será así en el caso de las sociedades cotizadas en España y en las no cotizadas si la inversión propuesta supera los 500 millones de euros.