El juez investiga los vídeos electorales de Podemos por si fueron un servicio simulado

Los dirigentes del partido investigados declaran que los trabajos contratados a Neurona sí se hicieron y justifican el sobrecoste de las obras de la sede Madrid

Gorka Velle, abogado de Podemos en la causa que se investiga por los contratos suscritos con Neurona
Gorka Velle, abogado de Podemos en la causa que se investiga por los contratos suscritos con Neurona

Madrid / Colpisa

El juzgado de Madrid que investiga los gastos electorales de Podemos ha ordenado a la Policía que examine los vídeos entregados por los abogados del partido para justificar los trabajos realizados por la consultora Neurona. Estos supuestos servicios se prestaron en las elecciones generales del 28 de abril del 2019, algo que en estos momentos constituye la piedra angular de la causa por los indicios de que pudo tratarse de un contrato simulado y, por lo tanto, se desviara dinero para otros fines. El juez Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42, también ha solicitado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales que indague una cuenta bancaria de la consultora a la que el 29 de marzo del 2019, un mes antes de los comicios, se transfirieron 75.000 euros desde una cuenta de la coalición electoral Unidas Podemos.

Hasta la fecha el partido ha entregado al juez más de 1.400 documentos para probar que los servicios se prestaron, de acuerdo con su abogado Gorka Velle. La empresa, por su parte, asegura que también posee una serie de archivos -vídeos, fotografías e instrucciones sobre diseño gráfico- para justificar la obra. Un informe policial, elaborado a petición del instructor, y la contabilidad de Neurona del 2019 y el 2020, entregado por el administrador de la empresa Elías Castejón, refleja que se pagaron los 363.000 euros del contrato en varias transferencias, así como otros ingresos del partido, todo ello por un valor acumulado de 425.443 euros.

Los apuntes contables de Neurona también muestran varias transferencias de esta empresa a la sociedad mexicana Creative Advice, a la que subcontrata aquella mercantil para que fuera quien efectivamente prestara los trabajos contratados por Podemos. En total, hubo un trasvase de 307.000 euros de la primera a la segunda sociedad, que ahora están bajo la lupa del juez.

Otra línea de investigación son las obras de la sede nacional del partido dirigido por Pablo Iglesias. El juez ha reclamado al arquitecto Manuel Campos que entregue una serie de documentación para justificar sus servicios. En este asunto, el denunciante, el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, indicó que se sacaron a concurso por 649.000 euros, pero que el coste final fue de más de 1,3 millones, y alertó de que el sobrecoste podría deberse a la intención de beneficiar a ciertas empresas.

La denuncia de Calvente apuntó cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a una la asociación; el acceso no consentido al disco duro de la abogada Marta Flor; y la licitación presuntamente irregular de las obras de la sede.

Hasta la fecha, el juez ha archivado la causa en lo tocante a los contratos electorales con ABD y a la llamada Caja B, manteniéndola abierta para los otros hechos denunciados. Sin embargo, la Fiscalía ha recomendado limitar las pesquisas al contrato entre Neurona y Podemos, por considerar que las demás cuestiones denunciadas son meros «rumores, sospechas o suspicacias».

Línea de defensa

De los asuntos que aún se investigan este viernes prestaron declaración en el juzgado como investigados la gerente de la formación, Rocío Val; el responsable de finanzas, Daniel de Frutos; el responsable de comunicación, Juanma del Olmo; y la responsable de compras, Andrea Deodato. Mientras que en calidad de testigos comparecieron seis representantes de empresas relacionadas con las obras de la sede.

Del Olmo defendió que todos los servicios contratados a Neurona «se desarrollaron correctamente» y se desvinculó de los pagos que hiciese después esta mercantil a otras sociedades, como una radicada en México, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. El resto siguieron esta línea de defensa. El secretario de comunicación explicó, además, que supo de Neurona a través del directivo César Hernández, a quien conoció en 2018, y afirmó que tras la contratación de la empresa solo trató con cuatro trabajadores.

«Todas las denuncias han sido desmontadas», aseguró ante los medios el abogado del partido, confiado de que «las dudas están absolutamente disipadas» tras haberse acreditado los trabajos. Los investigados también fueron preguntados sobre las obras de la sede y explicaron que el sobrecoste «corresponde a estimaciones que luego siempre pueden variar». Sin embargo, Vox, que ejerce la acusación popular, mantuvo sus sospechas por la importante diferencia del coste final.

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