El Supremo valora acoger el criterio de Fiscalía y rechazar el tercer grado a los presos del «procés»
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El tribunal tiene además sobre la mesa las peticiones de indulto sobre las que tiene que emitir un dictamen
27 nov 2020 . Actualizado a las 14:22 h.El Tribunal Supremo seguirá deliberando la semana próxima sobre el tercer grado penitenciario que la Generalitat de Cataluña concedió a los nueve líderes independentistas condenados por sedición en el juicio del procés, un asunto que ha generado una treintena de recursos tanto de Fiscalía como de los condenados. No obstante, valora rechazar estos últimos en consonancia con el criterio del ministerio público, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.
La deliberación lleva su tiempo porque además del número de recursos, de los que este jueves no se llegó a entrar apenas en cinco, los magistrados deben adoptar una postura sobre el régimen de semilibertad que se les trató de aplicar por la vía del artículo 100.2 del régimen penitenciario. Las medidas no llegaron a hacerse realidad para la mayor parte de los líderes independentistas, ya que quedaron en suspenso tras los respectivos recursos interpuestos por el Ministerio Público con excepción del 100.2 para Carme Forcadell y Dolors Bassa.
Los seis magistrados que integraron el tribunal del caso -todos menos Luciano Varela, ya jubilado- se inclinan según las mismas fuentes por acoger el criterio adoptado por la Fiscalía tanto en instancias catalanas como en sus escritos al Supremo, en los que se argumenta que la progresión al tercer grado de los condenados por el procés es prematura porque producen el «menoscabo de los fines esenciales de la pena» y transmite a la sociedad la sensación de «impunidad». En cuanto al 100.2, la Fiscalía alega que se asemejaría a un «tercer grado encubierto».
También critica el Ministerio público el «goteo cronológicamente medido» de este tipo de decisiones de semilibertad adoptadas con respecto a todos los condenados en el corto espacio entre el 13 de febrero al 5 de marzo pasados.
Alude igualmente al hecho de que se pretendan aplicar con el cumplimiento efectivo de una parte poco significativa de las penas impuestas --en muchos de los casos ni siquiera cumplida la cuarta parte--; a la gravedad de los delitos cometidos y a la constatación de que «la mayoría no reconoce la comisión delictiva y no asume su responsabilidad».
El pasado mes de agosto, la Fiscalía recurrió el tercer grado que la juez de vigilancia penitenciaria avaló respecto a los siete presos varones que cumplen la pena en la cárcel de Lledoners. Hasta que el Supremo resuelva, el juzgado dejó el tercer grado en suspenso. Desde entonces, Junqueras, Romeva, Cuixart, Sànchez, Forn, Turull y Rull no pueden salir en régimen de semilibertad a trabajar o a hacer labores de voluntariado como estableció la junta de tratamiento de la prisión y autorizó el juzgado. En cambio, la Fiscalía también recurrió el régimen penitenciario que permite a Carme Forcadell y Dolors Bassa dormir cuatro noches en prisión y salir a diario, pero el juzgado de vigilancia penitenciaria que les afecta no aceptó aplicar una suspensión cautelar en este caso. Por tanto, siguen disfrutando del tercer grado.
En el mes de julio, el Supremo ya dio alguna pista sobre su posición cuando anuló el 100.2 aplicado a Forcadell. Aunque en este caso no tuvo efectos prácticos, porque la expresidenta de la Cámara catalana ya había sido clasificada en tercer grado, un paso más, y por tanto ya no disfrutaba del sistema de semilibertad contemplado en el segundo grado. El alto tribunal se mostró muy crítico con las decisiones judiciales que a su entender están en desacuerdo con la sentencia contra los líderes secesionistas por el 1-O y que advirtió «no tiene que ser permanentemente reinterpretada». Según la Fiscalía, la progresión al tercer grado de los reos del procés es prematura y transmite a la sociedad la sensación de «impunidad».
El Supremo tiene además sobre la mesa las peticiones de indulto sobre las que tiene que emitir un dictamen.