El Supremo revoca la semilibertad que concedió la Generalitat a los nueve presos del 1-O

Cristian Reino BARCELONA / COLPISA

ACTUALIDAD

Oriol Junqueras, condenado a prisión por el Procés, cuando consiguió el tercer grado ahora revocado por el Supremo
Oriol Junqueras, condenado a prisión por el Procés, cuando consiguió el tercer grado ahora revocado por el Supremo David Zorrakino | Europa Press

Argumenta que el tercer grado es prematuro y no han cumplido ni la mitad de la condena

04 dic 2020 . Actualizado a las 22:18 h.

 Los nueve presos del procés tendrán que esperar encarcelados sin poder salir de prisión en régimen de semilibertad a trabajar o a hacer labores de voluntariado y a dormir en casa durante los fines de semana. El Tribunal Supremo les revocó este viernes el tercer grado, al considerar que esta medida es «prematura». Todos ellos fueron condenados hace poco más de doce meses a penas de nueve a trece años de prisión por delitos de sedición y malversación, en algunos casos. Entre la prisión provisional y el cumplimiento de pena, llevan en torno a tres años entre rejas, insuficiente para el Supremo para que se les conceda el tercer grado. Aunque el alto tribunal no fija el mínimo necesario. La decisión afecta de modo especial a Carme Forcadell y Dolors Bassa, pues son las únicas que estaban disfrutando de esta clasificación penitenciaria, ya que a los siete reos varones se les suspendió el tercer grado en agosto a la espera de la decisión del Supremo.

El independentismo cargó con todo contra la decisión judicial y habló de «sed de venganza», de «castigo» y de «vergüenza» por parte de la Justicia. Aunque la resolución también sirvió de combustible para la pugna entre ERC y JxCat. Estos reprocharon a sus socios su apoyo al Gobierno en los Presupuestos. La resolución presiona sobre todo al Gobierno central, pues las únicas vías de salida que les quedan a los presos es la de los indultos o la reforma del delito de sedición.

El Tribunal Supremo argumenta, en los nueve autos, que es preciso que transcurra un período de tiempo mayor que el que llevan en la cárcel para evaluar adecuadamente su evolución y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, recuerda, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. El alto tribunal, por tanto, da la razón a la Fiscalía, que se opuso al tercer grado, porque generaba una «sensación de impunidad».

El auto del Supremo, dictado por Manuel Marchena (presidente y ponente), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, supone un golpe muy duro para los independentistas, pues les revoca también la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que suponía un régimen de semilibertad dentro del segundo grado.

Los magistrados consideran que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Forn) es una medida «excepcional» y exige «una justificación reforzada». La ausencia de arrepentimiento respecto a los delitos ha sido un escollo insalvable. El Supremo insiste en una idea que ya apuntó en la sentencia del 1-O: «Ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña». «Dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables», recuerda.

La consejera de Justicia catalana: «El Supremo se aleja de la justicia e insiste en la venganza»

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha manifestado en la mañana de este viernes que el Tribunal Supremo «se aleja de la justicia e insiste en la venganza» tras acordar la revocación del tercer grado a los presos independentistas. En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Capella ha insistido en que los Tribunales especialistas en temas de vigilancia penitenciaria «han avalado lo que han dicho las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios catalanes, es decir, al 100.2 y a los terceros grados». Ha manifestado: «El Supremo, que es el tribunal más politizado de Europa, ha hecho lo que ya nos tiene acostumbrados de cuando hablamos del 'procés' catalán, hacer prevalecer las razones de Estado por encima de las razones de derecho», y ha criticado que el TS ha vuelto a aquellos principios que inspiraban a los tribunales de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, según ella.

Romeva cree que el Estado se convierte en «una gran cárcel» 

El exconseller Raül Romeva ha criticado este viernes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revocar el tercer grado penitenciario a los condenados por el 1-O: «Poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran cárcel». En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Romeva ha dicho que «se confirma el más previsible de los escenarios» de que el Supremo revoque el tercer grado al considerar que se trata de una medida prematura. «El Supremo ha vuelto a dictar sentencia. Poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran cárcel, una democracia fallida que están creando ellos mismos», ha zanjado.

Aragonès: «Es un insulto a todos los demócratas»

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo «es un insulto a todos los demócratas». «Son castigados por una justicia carcomida, vieja y caduca por el simple hecho de defender sus ideas. La amnistía para todos los represaliados es urgente», ha dicho en un tuit este viernes.