Juan Carlos I presenta ante Hacienda una declaración para regular su situación fiscal

A. Azpiroz / M. E. Alonso MADRID | COLPISA

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XOÁN A. SOLER

El rey emérito estaría dispuesto a afrontar una multa por el uso de tarjetas opacas entre el 2016 y el 2018 a nombre de terceros

06 dic 2020 . Actualizado a las 20:28 h.

El rey emérito, en el «exilio» voluntario en Abu Dabi desde agosto, contactó con algunos de sus amigos más cercanos hace unas semanas para adelantarles su intención de regresar a España. Puso incluso fecha: antes de final de año. Su situación judicial se le había puesto de cara. La Fiscalía del Supremo, se supo el pasado 30 de octubre, preparaba el archivo de las diligencias abiertas en junio por las presuntas comisiones del AVE saudí. Se habían encontrado indicios de delito fiscal y/o blanqueo de capitales, pero todos estos hechos abarcaban el período de su reinado. Es decir, cuando era inimputable.

El archivo como tal, confirmado por fuentes de la Fiscalía, aún no se ha producido. Se dijo entonces y ahora que en diciembre. Pero la coletilla de aquella filtración fue que el cierre de las diligencias vendrían acompañadas de un «duro relato» por las actividades del anterior monarca, quedándose al margen los reyes Felipe y Letizia.

Era cuestión de tiempo y el emérito tendría el camino libre para volver a navegar en Galicia, uno de sus deseos confesados en círculos cercanos. Pero sus planes se vinieron abajo a las primeras de cambio, al conocerse a principios de noviembre que Anticorrupción le investigaba por el uso de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales. Un presunto entramado para evitar la lupa de la Agencia Tributaria y que contaría con dos testaferros, un coronel de la Guardia Civil y un empresario mexicano, ambos cercanos al exjefe del Estado. La publicación de la noticia no tardó en ser confirmada por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado. Son las diligencias de Anticorrupción 12/2019 y se habrían hallado indicios de delito del emérito tras los informes enviados por Hacienda y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).