El secesionismo recupera la unidad para pedir al Gobierno una ley de amnistía

La propuesta insta al Congreso de los Diputados a aprobar una norma que exima de responsabilidad penal todos los actos vinculados a la búsqueda de la independencia

Pere Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat
Pere Aragonés, presidente en funciones de la Generalitat

Barcelona / Colpisa

El independentismo aparcó este miércoles su guerra interna por la pugna electoral y recuperó la unidad para reclamar una ley de amnistía. JxCat, ERC y la CUP, después de días de duras acusaciones a raíz de la reunión de Josep Costa (JxCat) con formaciones de la extrema derecha secesionista para sondear una alianza electoral, han cerrado filas y han registrado una propuesta de resolución en la Cámara catalana, para que se vote la próxima semana en el último pleno, en la que instan al Congreso a aprobar una ley de amnistía. Poco después, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, respondió que la amnistía que reclaman «no cabe» en la Constitución.

Esta norma, según los independentistas, debería significar la «extinción de cualquier tipo de responsabilidad penal y administrativa, incluida la del Tribunal de Cuentas, para todos los actos de intencionalidad política vinculados a la lucha democrática por la autodeterminación de Cataluña». Y debería afectar a todo acto tipificado como delito o como conducta de responsabilidad administrativa realizados desde el 1 de enero del 2013 hasta la entrada en vigor de la norma.

Los secesionistas reclaman la amnistía para los condenados por los delitos de sedición, malversación, prevaricación, falsedad, desobediencia o revelación de secretos, así como los que estén vinculados a la preparación y ejecución de la consulta del 9N del 2014 o el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017. Además, la resolución, que será aprobada, ya que JxCat, ERC y la CUP tienen mayoría absoluta, e incluso podría ser apoyada por los comunes, afirma que esa indulgencia debe ir acompañada del reconocimiento por parte del Gobierno del derecho de autodeterminación. Los independentistas habían incluso amenazado con aprobar esa ley en la Cámara catalana, aun sin contar con las competencias para ello.

El secesionismo presiona así, pero es consciente, como señaló la consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, de que una ley de amnistía es inviable.

Exigen que se condone el delito de malversación de caudales públicos

Entre los delitos que detalla el texto de los independentistas para que sean condonados en una más que improbable ley de amnistía figuran:

Malversación de caudales públicos. Cuando esté en concurso con el delito de sedición. Es decir, todas las acciones penales por el dinero público malgastado para el referendo ilegal del 1-O quedarían anuladas.

Contra el orden público. Aquellos delitos «cometidos en el marco de la lucha democrática por la autodeterminación y/o de las protestas».

Desobediencia. En este capítulo podría llegarse al absurdo de justificar todo con el argumento del objetivo de la lucha por la autodeterminación: desoír resoluciones judiciales, leyes orgánicas o mandatos de las fuerzas de seguridad.

Reparar daños causados a personas afectadas. Por supuesto, se refiere a los independentistas y no a las fuerzas de seguridad del Estado ni a los empresarios o ciudadanos que se han visto perjudicados por la acción del secesionismo durante todos estos años. Esto, dicen, debe de ir acompañado del reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña.

Prevaricación y falsedad. La primera consiste en que una autoridad dicte una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley, y pese a ello buscan anular su punidad

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