España podrá recibir por adelantado hasta 8.320 millones de euros en el 2021
19 dic 2020 . Actualizado a las 09:27 h.Ya está todo listo para que el próximo 1 de enero del 2021 se ponga en marcha el fondo anticrisis europeo Next Generation EU (NGEU), acordado en el mes de julio por los líderes europeos para poder sufragar los esfuerzos desiguales de la recuperación y la adaptación de sus economías tras la pandemia.
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han alcanzado un acuerdo político sobre el reglamento que guiará la partida más importante del NGEU, la del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que concentra 672.500 millones de los 750.000 del plan. España podría recibir hasta 140.000 millones (72.000 de ellos a fondo perdido). Desaparece así el último escollo que quedaba tras conseguir levantar el veto impuesto por Polonia y Hungría en la última cumbre europea del año.
El documento introduce algunas novedades en el texto pactado. En vista de las necesidades de financiación, se permitirán anticipos del 13 % del fondo, en lugar del 10 %, así que España podría llegar a desembolsar este en el 2021 hasta 8.320 millones de euros por adelantado, más de los 6.400 que calculaba la Comisión, pero aún lejos de los 27.000 presupuestados por el Gobierno. Eso sí, no se podrá utilizar el dinero para gastos corriente. El 37 % del gasto del plan nacional deberá estar enfocado al objetivo climático de reducir las emisiones de CO2 en un 55 % para el 2030. El 20 % irá para la digitalización de la economía y la sociedad. El resto tendrá que ir en línea con las recomendaciones de reforma por países. En el caso de España, para reducir desigualdades, pobreza, abandono escolar, déficit de inversión en I+D y cambios en el sistema de pensiones y la fiscalidad. El reglamento exige consultar a las comunidades autónomas y hacerlas partícipes en la ejecución de los planes. Además, el desembolso de los fondos se podrían congelar si hay incumplimientos, pero hasta un máximo del 0,25 % del PIB de cada país (2.500 millones en el caso de España).
Tras el acuerdo político, las dos instituciones deberán culminar el trabajo técnico y ratificarlo formalmente. En cuanto entre en vigor, España ya podrá enviar su plan de recuperación para que la Comisión Europea lo pueda estudiar y emitir su opinión.