El Gobierno amplía la prohibición de cortar los suministros a todos los consumidores vulnerables
ACTUALIDAD
El Ejecutivo prohibió a finales de marzo los cortes de suministro básicos mientras estuviera en vigor el estado de alarma
19 dic 2020 . Actualizado a las 09:26 h.El Gobierno ampliará la garantía de que no se corte el suministro a todos los consumidores vulnerables durante el período que queda hasta que finalice el estado de alarma. Según anunció ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Ejecutivo espera extender esa protección, ahora reservada a las personas en riesgo de exclusión.
Tal y como explicó la vicepresidenta cuarta del Gobierno, su equipo tiene intención de incluir esta extensión de la limitación de los cortes en el real decreto-ley antidesahucios, que podría ir al Consejo de Ministros del próximo martes.
Y es que, defendió, su intención es poder incluir esa medida cuanto antes, «en ese decreto-ley o en algún otro, si es que hay algún otro y ese se retrasa»: «Cuanto antes mejor», sentenció.
Ribera recordó que ya existen garantías para que no se pueda cortar el suministro eléctrico a determinados hogares, además de a los reconocidos como consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social. En concreto, está prohibido dejar sin luz a aquellas familias acogidas al bono social (un descuento que se hace en la factura de la luz a los consumidores vulnerables, que practican las comercializadoras de electricidad y que tienen que solicitar los potenciales beneficiarios) donde viva al menos un menor de 16 años, una persona con un nivel de discapacidad del 33 % o superior, o un dependiente de grado 2 o 3.
Desde marzo
El Gobierno prohibió a finales de marzo los cortes de suministro básicos mientras estuviera en vigor el estado de alarma decretado el 14 de marzo y que concluyó el 21 de junio. En julio, el Gobierno amplió hasta el 30 de septiembre la garantía de los suministros básicos de energía y agua en la vivienda habitual.
A partir del 1 de octubre, entró en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables por la pandemia. Con ese nuevo mecanismo, se hacía frente a la dificultad de certificar la renta para solicitarlo o renovarlo (se hace cada dos años), ya que la declaración del IRPF se hace a ejercicio vencido y no se tiene aún la de 2020, año en el que muchos han perdido su empleo.