Abren expediente sancionador a la Asamblea Catalana por animar a comprar en empresas independentistas

La Voz

ACTUALIDAD

Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC)
Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) David Zorrakino | Europa Press

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga la campaña que impulsó la organización en el 2017 por «posibles prácticas desleales»

21 dic 2020 . Actualizado a las 15:31 h.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra la Asamblea ANC por «posibles prácticas desleales» relacionadas con la campaña Consumo estratégico, que impulsó en el 2017 para animar a los catalanes a comprar a empresas independentistas

Según la CNMC, estas posibles practicas desleales distorsionan «gravemente» la competencia en el mercado y podrían ser contrarias al artículo 3 de la ley 15/2007 por la puesta en marcha y desarrollo de la citada campaña para que los consumidores y las empresas «se abstuvieran de comprar productos o servicios ofrecidos por determinadas empresas».

Según la CNMC, las razones de esta campaña se fundamentarían en motivos ajenos a la competencia basada en los propios méritos y podrían «distorsionar» de manera significativa el comportamiento económico de los consumidores y la estructura competitiva del mercado.

La CNMC ha iniciado la investigación tras la denuncia presentada por Foment del Treball y después de que el Tribunal Constitucional determinase que la entidad es el organismo competente para resolverla, según su sentencia del 22 de octubre del 2020.

Previamente, se produjo un conflicto de atribución de competencias entre la CNMC y la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) que se resolvió en la junta consultiva en materia de conflictos a través de un informe del 21 de febrero del 2020, y cuyas conclusiones fueron confirmadas por el Tribunal Constitucional en dicha sentencia. Según la CNMC, esta incoación no prejuzga el resultado final de la investigación y abre ahora un período máximo de 18 meses para su instrucción y resolución por parte del organismo