Human Rights Watch acusa al Gobierno de Maduro de estar «más interesado en reprimir al pueblo que ayudarlo»
22 dic 2020 . Actualizado a las 11:00 h.La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes la persecución y el acoso de las autoridades gubernamentales de Venezuela a organizaciones de la sociedad civil que desempeñan labores humanitarias para responder a la emergencia que vive el país caribeño. «Desde noviembre de 2020, las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas», señaló el director para las Américas de HRW, José Manuel Vivanco.
En opinión de Vivanco, queda «en evidencia» que al Gobierno de Maduro le «interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo», al «bloquear» el trabajo de las ONG mientras «los niños pasan hambre y los pacientes con covid-19 necesitan recibir tratamiento adecuado».
En este contexto, llamó a la comunidad internacional a «instar categórica y urgentemente» a las autoridades a que permitan que las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales «lleven a cabo sus actividades para evitar que se sigan perdiendo vidas»
Recordó que el pasado 23 de noviembre, la Fiscalía dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de la oenegé Alimenta la Solidaridad y de la organización internacional Save the Children. Según la entidad fiscal, se los acusa de legitimación de capitales y asociación ilícita, aunque no lo han podido comprobar, ya que los activistas no han tenido acceso al expediente penal de la causa en su contra.
Asimismo, el 24 de noviembre agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) allanaron la antigua sede de Alimenta la Solidaridad, sin mostrar ninguna orden, y al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización. El 15 de diciembre, efectivos de la Fuerza de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite, que da seguimiento a la situación de los derechos de los adultos mayores en Venezuela y ha distribuido, según HRW, ayuda humanitaria a 4.500 personas en varios estados.
Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas y trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de FAES para interrogarlos.
Las FAES estuvieron implicadas, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «en gravísimos abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales».