La oposición nicaragüense asegura que Daniel Ortega busca «otro fraude electoral»

La Coalición Nacional denuncia que una nueva ley permitirá al presidente inhabilitar las candidaturas críticas con el régimen

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua

La opositora Coalición Nacional denunció este miércoles que el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pretende «ejecutar otro fraude electoral» en los próximos comicios generales, al aprobar una ley que inhabilitará las candidaturas a cargos de elección popular a quienes se consideren «traidores a la patria», según recoge Efe.

«El régimen pretende cerrar todo espacio democrático a la ciudadanía y desde ya establece al descaro las bases para el fraude institucional de cara a las elecciones nacionales programadas para [el 7 de] noviembre del 2021», señaló la coalición en un comunicado.

La coalición hizo esa denuncia dos días después de que la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional aprobara con carácter urgente una ley que anulará las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, motivo por el que, además, serán considerados «traidores a la patria».

La llamada «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz» fue aprobada en una sesión extraordinaria con 70 votos de los sandinistas y sus aliados, promotores de la controvertida iniciativa, frente a 14 que votaron en contra y 5 abstenciones.

Salida cívica a la crisis

En su pronunciamiento, la coalición aseguró que no acatará «ley aberrante alguna» bajo el argumento de que «la dictadura, con una telaraña de leyes, todas transgresoras del orden legal, complementa las medidas de facto de represión y restricción de las garantías constitucionales que ha desarrollado». «Comete fraude al perseguir y acusar a los ciudadanos como agentes extranjeros, al implementar la ley del bozal, amenazar con cadena perpetua a los que piensen diferente, y ahora se arroga el derecho a decidir la inhibición de los derechos políticos de la mayoría de los nicaragüenses», mencionó.

A juicio de ese grupo, «el régimen temeroso y acorralado está conculcando y eliminando toda posibilidad de salida cívica y democrática» a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril del 2018, cuando estallaron unas protestas por unas controvertidas reformas de la Seguridad Social.

«El dictador -en alusión a Daniel Ortega- le teme a las candidatas y candidatos del pueblo en la oposición unida», anotó la coalición, que denunció que Nicaragua vive bajo un «estado policial impuesto por los criminales de lesa humanidad Ortega-Murillo».

Según ese grupo, el Gobierno de Ortega «pretende controlar todo y deshacerse de la oposición genuina» de cara a las elecciones del 7 de noviembre del 2021, por lo que llamaron a la unidad a las diversas fuerzas políticas.

Farsa electoral

«El tirano ha hecho añicos la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Nicaragua. El pueblo no reconocerá los resultados de una nueva farsa electoral, y señalará a los cómplices» que la avalen, adelantó.

«Y desde ahora solicita a la comunidad internacional que no reconozca igualmente la elección que no se ajuste a las garantías democráticas propias de los estándares internacionales y carezca de las reformas electorales indispensables recomendadas por la OEA (Organización de Estados Americanos)», continuó.

«El derecho interno de Nicaragua y el derecho internacional nos exigen el desconocimiento del régimen», añadió.

La coalición la integran el Partido de Restauración Democrática (PRD), y el indígena Yatama («Hijos de la madre tierra» en lengua miskita). También las organizaciones Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Unidad Nacional Azul y Blanco, y Movimiento Campesino.

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que en enero cumplirá 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

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