El Gobierno sugiere que Felipe VI está de acuerdo en aprobar una ley de la Corona

El ala socialista del Gobierno cree que el discurso de Nochebuena de Felipe VI fue «tranquilizador» respecto a su posición en lo que afecta a las presuntas actividades irregulares de Juan Carlos I y que el rey dejó «absolutamente claro» que la ética «está por encima de todo tipo de vínculos incluso los familiares». Pero considera también que «hay un futuro importante por trabajar» en lo que afecta a la regulación de la actividad del monarca y la del resto de la familia real. Tras el previsible choque con sus socios de Unidas Podemos en la valoración del mensaje navideño del jefe del Estado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alinea así con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la propuesta de impulsar una ley de la Corona.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, apuntó en esa dirección y sugirió que el propio Felipe VI está de acuerdo al afirmar, respecto a la posibilidad de aprobar esa norma, que «el presidente y el propio rey tienen puesto rumbo a un futuro importante de la monarquía». «Nosotros pensamos que hay un futuro importante por trabajar, que yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Felipe VI desde su llegada a la jefatura del Estado», explicó Calvo, haciendo así partícipe al monarca de la posible iniciativa. Y, actuando como su portavoz, aseguró que Felipe VI está «absolutamente dispuesto a servir a su país en las fórmulas en las que todos los cambios que sean para mejora y profundidad de nuestro modelo constitucional nos traigan futuro». Recalcó en todo caso que el Ejecutivo está «comprometido con la defensa de la Constitución», incluido «el fortalecimiento de la monarquía parlamentaria que en este momento representa Felipe VI».

 El PP rechaza regular la Corona

Las palabras de Calvo, que suponen un giro en la posición mantenida hasta ahora por los ministros del PSOE, generaron un nuevo choque con el PP, que considera que los socialistas no pueden estar «con una mano en Podemos y la otra en la monarquía». Así lo aseguró el portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, que acusó al PSOE de lanzar un «mensaje equívoco» gobernando con un partido que defiende que hay que «acabar» con la Casa Real e ir hacia una república. Los populares rechazan de plano la posibilidad de aprobar una ley de la Corona para regular la actividad del jefe del Estado y ven detrás de esa propuesta una maniobra de los de Pablo Iglesias para debilitar a la monarquía. «Cuando las cosas se hacen a instancia de Podemos, conviene actuar con especial cuidado y prudencia», insistió Martínez-Almeida, que advirtió al PSOE de que «la mejor forma de apoyar» a Felipe VI y a la Corona, que consideró como «la clave de bóveda de la arquitectura institucional» sería «no estar en un Gobierno» con Unidas Podemos.

El portavoz de los populares se refirió a la actual situación de la monarquía y pidió que se distinga entre «las crisis interesadas provocadas y las reales». «Nadie va a negar que ha habido un proceso de regularización, pero eso no quiere decir que haya una crisis real con la monarquía», señaló el alcalde madrileño.

La Fiscalía tendrá que pronunciarse de nuevo sobre si el Supremo debe investigar al emérito por la denuncia de IU

 

G. B.

La Fiscalía va a tener que pronunciarse de nuevo sobre la posibilidad de investigar al rey emérito Juan Carlos I por sus presuntas irregularidades fiscales tras la ampliación de la querella que Izquierda Unida interpuso junto PCE y al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda para que el Tribunal Supremo reconsidere su decisión de archivar las pesquisas sobre el anterior jefe del Estado, después de que se hicieran públicos nuevos datos sobre su fortuna. IU anunció que el propio Supremo le ha informado de que ha dado traslado de su ampliación de querella al ministerio público para que informe «sobre su competencia y contenido» antes de decidir si abre o no una causa por esos hechos.

A la espera de ese nuevo pronunciamiento de la Fiscalía, la Sala Segunda del Tribunal Supremo da «por formulada querella contra Juan Carlos de Borbón y Borbón y otros al que se atribuye la presunta comisión de, entre otros, un delito de cohecho y otros», según el escrito firmado por el presidente de la sala, Manuel Marchena, y el resto de magistrados que entienden de este asunto en el Supremo: Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Susana Polo.

 Una querella por trece delitos

El tribunal había inadmitido de plano en el verano la demanda que presentaron los querellantes en el año 2018 contra el anterior jefe del Estado y otras personas por la supuesta comisión de trece delitos. Izquierda Unida señaló ayer que esa demanda fue archivada por «prácticamente los mismos magistrados» que ahora vuelven a entender del asunto en poco más de seis meses. «Todo un récord teniendo en cuenta el ritmo con el que se mueven las instancias judiciales», señala el partido en un comunicado.

La querella inicial estaba dirigida, además de contra el rey emérito, contra su examiga Corinna Larsen; el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán; los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga; el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, además del abogado suizo Dante Canónica y el primo del rey emérito Álvaro Orleans Borbón. La ampliación que se llevó a cabo tras depositar la fianza de 12.000 euros que les fue exigida incluyó los nombres del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga. Este último habría actuado supuestamente como testaferro del rey emérito para ocultar la procedencia del dinero con el que se pagaron diferentes facturas.

«De la lectura de la presente ampliación de querella y puesta en correlación con la inicial querella presentada en diciembre de 2018, se desprende una larga continuidad temporal en la conducta de los querellados y, en particular, del ex jefe del Estado, conducta que aparece dilatada ya en el tiempo», señala IU en el comunicado emitido ayer.

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