La prórroga de los ERTE no suavizará la prohibición de despedir que exigía la patronal

La ministra de Trabajo espera un acuerdo rápido y confirma que el mecanismo se extenderá sin cambios en sus condiciones

Foto de archivo de una oficina de empleo en Ferrol
Foto de archivo de una oficina de empleo en Ferrol

madrid / lA voz

A pocas horas de una nueva reunión entre Gobierno y agentes sociales para prorrogar hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, dejaron claro este miércoles que no se cederá a la pretensión de la patronal de suprimir ni suavizar la prohibición de despedir tras el ERTE.

«No tendría sentido que nuestro país haya dispuesto de 14.000 millones para mantener trabajadores para que se pueda despedir», señaló Díaz en una entrevista, en la que aseguró que se mantendrán el resto de las condiciones de los ERTE en vigor. De hecho, igual que su homólogo de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostró optimista sobre la inminencia de un acuerdo en la mesa de diálogo social antes de este viernes, marcado como tope para ello, sin tener que agotar, como ocurrió el septiembre, el período de vigencia de los ERTE actuales.

En su intervención en el foro Spain Investors Day, Escrivá alabó la «exitosa experiencia» del nuevo modelo de los ERTE, que ha demostrado que hay «formas eficientes de hacer nuestro mercado laboral más flexible y equitativo».

Restringir el despido

Con tal reflexión coincidió el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, durante un encuentro con periodistas, en el que defendió mantener estructuralmente los ERTE como fórmula de flexibilidad interna para que, a través de ajustes de jornada, las empresas con «problemas económicos reales» no recurran al despido.

Abogó por emular el modelo alemán y que se compense con prestaciones públicas la merma salarial de los trabajadores afectados. Sordo subrayó que tal fórmula implica un control de las causas de esos ERTE, «que quizá no guste a todo el mundo» -dijo, en referencia a la patronal-, señalando como opción restablecer la autorización administrativa o «una fórmula más europea y menos ochentera». El objetivo es luchar contra la temporalidad, como pide Bruselas.

También reclamó al Gobierno que no envíe a la UE propuestas demasiado concretas de reforma laboral y de pensiones -en referencia a la extensión a 35 años del período de cotización sobre el que calcular la cuantía de la jubilación, algo a lo que los sindicatos se oponen- para no «capar» la negociación en la mesa de diálogo social.

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