El sí de la patronal desbloquea la nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo

También hay acuerdo con los autónomos, al flexibilizarse el cese de actividad


MADRID / LA VOZ

Este martes fue un día especialmente productivo para el mantra del consenso al que el Ejecutivo apela en el diálogo social. Tras semanas de reuniones, patronal y sindicatos dieron el plácet a las condiciones propuestas por el Gobierno para prorrogar hasta el 31 de mayo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), sin suavizar —como pedían los empresarios— la obligación de mantener los puestos de trabajo durante seis meses tras acogerse a este mecanismo. Y no solo eso, ya que también se alcanzó un preacuerdo con las organizaciones de autónomos para prolongar la prestación extraordinaria por cese de actividad del colectivo debido a la pandemia, facilitando y mejorando las condiciones para acogerse dicha protección, tal y como pedían las organizaciones del sector.

En lo que respecta a los ERTE, la decisión de la CEOE fue madrugadora y no se hizo de rogar. Su órgano de dirección anunció a media mañana en un escueto comunicado que bendecía con un sí —y por unanimidad— las últimas condiciones propuestas por el Gobierno. Quedaba así desbloqueado un consenso que, aunque las tres bandas sentadas a la mesa de la negociación llevaban días viendo «muy, muy cerca», se resistía.

Quienes sí se hicieron de rogar fueron los sindicatos, ya que solo dieron luz verde al texto por la tarde, después de que sus servicios jurídicos lo revisaran y se cerraran con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social los «flecos» que —insistían— aún quedaban pendientes.

Fin a un año de paz social

Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, sin embargo, comparecieron ante los periodistas al mediodía para anunciar el final de un año de sintonía con el Gobierno: saldrán a la calle el próximo 11 de febrero —concentraciones a las 12 de la mañana antes las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias— para reclamar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y el inicio inmediato de las negociaciones para derogar la reforma laboral y la de las pensiones del Gobierno de Rajoy.

«Ahora sí toca abordar las negociaciones para corregir reformas muy dañinas, ineficaces y negativas», sentenció Sordo, advirtiendo al Ejecutivo que no le permitirán que use como excusa para no hacerlo una supuesta condicionalidad exigida por Bruselas, a cambio de los fondos europeos para combatir los efectos de la pandemia.

Ya por la tarde, tras el paréntesis de los sindicatos para anunciar su próximo pescozón al Gobierno en las calles y las redes sociales, los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, confirmaron a los medios que «sí, inequivocamente» UGT y CC.OO. les habían transmitido su conformidad con las condiciones para prorrogar los ERTE. La aquiescencia sindical oficial llegó poco después.

Más actividades ultraprotegidas

Los ministros cifraron en unos 5.500 millones el coste total de prolongar otros cuatro meses el mecanismo de protección del empleo que, además de menos trabas burocráticas —la prolongación o los cambios serán automáticos—, amplía las actividades económicas ultraprotegidas, es decir, las especialmente afectadas por la evolución de la crisis sanitaria y cuyas empresas y trabajadores accederán respectivamente a mayores exenciones y protección social. El transporte por carretera, los cámpings o los gimnasios están entre ellas.

No cambia, sin embargo, la base reguladora (del 70 %) para calcular la prestación, ni tampoco la cláusula de salvaguarda del empleo, que se mantiene en seis meses, pese a la resistencia de los empresarios, que defienden una interpretación «proporcional» de dicha cláusula, para que no haya que devolver las cuotas de los trabajadores de toda la empresa sino solo de los del centro de trabajo en el que haya habido un despido.

La última novedad del día fue la confirmación de que también se prolongará la prestación extraordinaria por cese de actividad a los autónomos que la precisen, mejorando el nivel de las ayudas y facilitando su acceso a ellas. Así, entre otras mejoras reclamadas por las principales organizaciones del sector, se rebajan del 75 % al 50 % la caída de ingresos para quedar exonerado del 100 % de las cuotas.

El Gobierno no le concreta a la UE las reformas pendientes para negociarlas con los agentes sociales

Si la Comisión Europea esperaba concreción en los documentos que el Gobierno le acaba de remitir sobre las reformas del mercado laboral y del sistema público de pensiones, nada más lejos de la realidad. El Ejecutivo ha atendido la advertencia que los sindicatos le lanzaron en los últimos días: no respaldarían ninguna medida comprometida con Bruselas si «dejaba sin oxígeno» al diálogo social para negociarla.

Eso no pasará. La ministra de Trabajo así lo aseguró durante su comparecencia: «Les anticipo que todas las reformas estructurales que hemos enviado para cambiar la patología del mercado laboral español se harán con diálogo social». Subrayó, de hecho, que el consenso social es «el ADN del Gobierno».

Y en una escueta nota dando cuenta de la reunión mantenida con patronal y sindicatos para informarles de las reformas remitidas a Bruselas, el Ministerio de Economía remachó el argumento, al admitir que «a diferencia de otros componentes remitidos con mayor nivel de concreción, en estos dos ámbitos se hace una propuesta más abierta con el objetivo de abordarla y concretarla en el marco del diálogo social».

Así, en lo que respecta al mercado de trabajo, el documento recoge diecisiete reformas dirigidas «a corregir los desequilibrios» (alto desempleo estructural, temporalidad o dualidad) y «sentar las bases del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI». En materia de pensiones, generalidades sobre cómo «asegurar la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo» de las pensiones, pero ni una palabra sobre la ampliación a 35 años del período de cómputo que abrió otra guerra con Podemos.

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