La normativa autonómica empieza la tramitación pero Isabel Celaá está tranquila: «La Lomloe no puede se rebatida por una ley autonómica»
20 ene 2021 . Actualizado a las 20:01 h.La Comunidad de Madrid se está revelando como una de las más díscolas a la hora de cumplir la normativa y los acuerdos en educación bajo el gobierno socialista. Lo último es la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, una norma que comienza a tramitar y que consiste en una enmienda a la totalidad a la nueva ley educativa, la Lomloe, que entró en vigor el martes. De entrada, la ministra de Educación, Isabel Celaá, recordó en un foro que la Lomloe, conocida por su apellido, «no puede se rebatida por una ley autonómica».
La propuesta madrileña se ha visto este miércoles en el Consejo de Gobierno de Madrid y permitirá varias cosas que la Lomloe limita. Estas son algunas:
suelo público
Lomloe. Intenta limitar los abusos en los que han incurrido algunas comunidades —especialmente Madrid— que ha regalado suelo público a empresas para construir colegios concertados en zonas de nueva creación en las que no había centros públicos. La nueva ley estatal indica que «los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos».
Ley madrileña. «La Comunidad podrá también convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional».
demanda social
Lomloe. Eliminó ese concepto, que a su vez apareció por primera vez en la Lomce (2013) y que supone que a la hora de planificar la dotación (o ampliación) de centros de una zona se tenga en cuenta lo que piden las familias.
Ley madrileña. La Administración autonómica asegurará la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos y la demanda social.
educación especial
Lomloe. Siguiendo las indicaciones de la ONU, la ley promueve la mayor integración posible de los alumnos en la misma aula, con dotación adecuada a las necesidades de cada uno. Da diez años a las administraciones para que oferten plazas y recursos suficientes. Parte de las asociaciones de familias de los centros especiales están en contra, y muchas creen que solo se debe generalizar esta inclusión si se dota de medios suficientes a la escuela ordinaria para atender a sus hijos, y no antes.
Ley madrileña. Las familias podrán elegir entre las diferentes modalidades de escolarización para los alumnos con necesidades educativas especiales: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días). Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno.
Según la comunidad, se garantizará así la continuidad de los centros de educación especial, aunque no dicen qué pasará con aquellos que queden vacíos porque las familias prefieran incorporar a los alumnos a los centros ordinarios.
elección de colegio
Lomloe. Si hay más peticiones para entrar en un colegio que plazas ofrece, la Administración autonómica tiene que establecer un baremo con la existencia de hermanos en el centro, la cercanía de la vivienda (o trabajo) y la renta como factores fundamentales. Así ocurre en gran parte de España, como por ejemplo Galicia.
Ley madrileña. Procurará un sistema similar a la zona única educativa que «ahora mismo está vigente en la Comunidad de Madrid y que permite que nueve de cada diez familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción». Es decir, distrito único, así cada familia que vive en el municipio tiene libertad de elección; se prioriza el ser antiguo alumno o familia numerosa frente a la renta, por ejemplo,
Frente a todo esto, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, recordó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la Lomloe, «no puede se rebatida por una ley autonómica», y ha animado a las comunidades autónomas a mejorarla y aclaró que «no teme» que se contradiga la normativa estatal simplemente porque no es posible.
educación diferenciada
Lomloe. La red sostenida con fondos públicos en España exige que niños y niñas compartan espacio. Por eso, los centros que diferencian por sexo (en España, mayoritariamente vinculados al Opus Dei) no podrán optar a los conciertos.
Ley madrileña. Reconocerá que la educación diferenciada no rompe la igualdad, al ser conforme con «nuestro texto constitucional, ya que, según el propio Tribunal Constitucional, no se considera discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos».
castellano, vehicular
Lomloe. Asegura que todos los alumnos educados en España deberán terminar la educación obligatoria dominando la lengua común y, en caso de tenerla, la lengua oficial de su comunidad autónoma. Eliminó del articulado inicial el término «vehicular» para el castellano, un concepto que no existía hasta la ley Wert, del 2013.
Ley madrileña. Garantizará «el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España». Y se promoverá este derecho «suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas para la difusión de nuestra lengua oficial».
Frente a esto, la ministra ha animado a las instituciones autonómicas a «trabajar juntos» y «sumar esfuerzos» con el fin de «mejorar lo que tenemos entre manos».