Condenan a un funcionario que cobró 16 años la pensión de su abuelo fallecido, subió la de su padre y adjudicó otra a una amiga
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El Supremo le impone cinco años y siete meses de cárcel por percibir 549.000 euros
01 feb 2021 . Actualizado a las 18:41 h.La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 5 años y 7 meses de prisión, y una multa de 600.000 euros, a un funcionario de la Seguridad Social en Zamora que cobró durante 16 años la pensión de su abuelo fallecido. El importe que percibió fraudulentamente ascendió a 549.000 euros, cantidad por la que tendrá que indemnizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Según ha informado el Supremo, se le considera autor de un delito continuado de defraudación de prestaciones de la Seguridad Social, en concurso ideal con un delito de falsedad en documento oficial.
La sentencia, sin embargo, rebaja la pena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (7 años y tres meses de prisión), que confirmó la condena de la Audiencia de Zamora. La rebaja responde a que el Supremo ha estimado parcialmente el recurso del acusado, al entender que debe apreciarse la continuidad delictiva entre todas las acciones por las que se le condena, englobadas en un delito de defraudación de prestaciones en concurso con falsedad, de modo que la nueva pena «es la adecuada».
Se aprovechó de su puesto como jefe en la Seguridad Social
El fallo considera probado que el funcionario de la Seguridad, destinado en la Dirección Provincial de Zamora como jefe de Sección de Control de Pensiones, usó las claves para la tramitación de las prestaciones públicas y «se valió de su ascendencia» como jefe de los funcionarios que trabajaban en la sección. De este modo, en febrero del 2000 «rehabilitó» la pensión de su abuelo, que había fallecido en agosto de 1993, percibiendo indebidamente 549.541,21 euros, hasta que, en abril del 2016, dio lugar a la baja por fallecimiento.
Pero no ese no fue su único fraude. La sentencia también considera probado que introdujo modificaciones en el expediente de la prestación por jubilación de su padre, de modo que cobró 35.994 euros más de lo que debía. Su historial delictivo engordó al ofrecerse a «ayudar» a una amiga con problemas económicos: reactivó una pensión de viudedad que había sido dada de baja por fallecimiento de su beneficiaria, sustituyéndola por su amiga, que comenzó a percibirla entonces. Y no solo eso, ya que también rehabilitó otra pensión de orfandad para el hijo de la referida amiga. El importe total percibido fue de 13.263 y 5.147,40 euros, según los hechos probados.
Esta mujer también fue condenada por la Audiencia de Zamora (ella no recurrió la sentencia) a 1 año y 10 meses de prisión por delito continuado de fraude a la Seguridad Social. Por estos dos últimos hechos, los dos acusados deberán indemnizar solidariamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social en casi 20.000 euros.
El alto tribunal aprecia en su sentencia la continuidad delictiva entre los cuatro hechos considerados probados, al existir «elementos de conexión subjetiva, de homogeneidad de acción, de medios comisivos, de bien jurídico afectado, de identidad material de precepto infringido, de unidad de injusto personal y un efecto abrazadera por el aprovechamiento de una idéntica ocasión. Que, en el caso, viene marcado decisivamente por la capacidad situacional del recurrente para alterar los datos de los expedientes de prestaciones de las que eran acreedoras las diferentes personas beneficiadas por las acciones fraudulentas».