Un órgano asesor del Consejo de Europa especializado en supervisar los derechos humanos y la democracia será el encargado de auditar la situación de los poderes públicos en el país
02 feb 2021 . Actualizado a las 08:39 h.Un órgano asesor del Consejo de Europa especializado en supervisar los derechos humanos y la democracia será el encargado de auditar la situación de los poderes públicos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- en los Países Bajos. Por primera vez en la historia, este país, a menudo asociado a una elevada calidad democrática y a altos estándares de libertades individuales, será sometido a un escrutinio externo, internacional e independiente que llevará a cabo la Comisión de Venecia.
La causa es la errante gestión llevada a cabo por el Gobierno del escándalo por el que la Agencia Tributaria acusó sin fundamentos a unos 30.000 padres de fraude fiscal y los obligó a devolver decenas de miles de euros que habían recibido en años anteriores en concepto de ayudas para los cuidados de sus hijos.
El artífice de este escrutinio externo es el diputado democristiano Pieter Omtzigt, quien presionó para sacar a la luz el escándalo que obligó a dimitir en bloque al Gobierno del liberal Mark Rutte. En colaboración con la abogada española Eva González Pérez, que llevaba años alertando del escándalo, Omtzigt registró 600 preguntas parlamentarias, lo que consiguió llamar la atención del resto de parlamentarios y de los medios de comunicación.
En entrevista a la agencia Efe, Omtzigt cita «tres conclusiones impactantes» que le han empujado a poner bajo la lupa a su propio país: «La primera es que el Estado de derecho está en juego en Países Bajos, es lo que concluyó una comisión parlamentaria y eso es muy grave. Lo segundo es que las víctimas no lograron sus derechos en los tribunales, las Cortes administrativas no les protegieron y el Gobierno les ocultaba documentos». La tercera razón es que el Parlamento neerlandés y la prensa local «obtuvieron información incorrecta, incompleta y a destiempo» por parte del Gobierno de Rutte cuando preguntaban sobre lo que estaba ocurriendo.
Países Bajos lleva semanas acaparando el foco de los medios de todo el mundo, primero por este escándalo, y más tarde por las violentas manifestaciones que se vivieron en todo el país contra de las restricciones por el coronavirus. La implantación de un toque de queda para frenar la expansión del virus fue la excusa perfecta para que grupos violentos protagonizaran la pasada semana los peores disturbios en 40 años. El objetivo de los jóvenes, en su mayoría veinteañeros conectados a través de Telegram, era «dar un golpe duro al Gobierno».
Pese a esta sucesión de infortunios, la popularidad del primer ministro en funciones, Rutte, no deja de aumentar. El líder del partido liberal (VVD) obtendría en los comicios del 17 de marzo entre 41 y 45 escaños, frente a los 32 actuales, según el aglutinador de encuestas Peilingwijzer. Los liberales lograrían más del doble de escaños que los otros partidos con amplia representación en el Congreso de La Haya.
Expertos señalan que gran parte de los neerlandeses responsabilizan directamente a la Agencia Tributaria y a los funcionarios involucrados de lo ocurrido con las familias inmigrantes, y no a los ministros o al propio primer ministro. Esto explicaría por qué, a pesar de los últimos escándalos, el liberal Rutte va encaminado a repetir por cuarta vez una victoria en las urnas.