Cobros indebidos y dificultades para darse de baja concentran el 90 % de las consultas legales sobre las plataformas digitales de contactos
14 feb 2021 . Actualizado a las 18:17 h.Del auge de lo digital, espoleado en el último año por la pandemia y el confinamiento, no escapa ni Cupido. En un día tan especial para el corazón como el de San Valentín conviene recordar que perseguir el amor por Internet puede acabar haciéndonos un roto en el bolsillo y, aún peor, poniéndonos difícil la tarea de cerrarlo. Así lo sostienen desde Legálitas, basándose en las consultas que reciben sus abogados y que constatan las incidencias asociadas a las plataformas que ofrecen servicios de búsqueda de pareja y contactos.
Prácticamente el 90 % de las consultas recibidas por el despacho sobre ese tipo de webs están relacionadas con los servicios de contratación, los cobros indebidos y las dificultades para darse de baja. El 10 % restante versa sobre otras cuestiones, como el número de citas propuestas o la falta de afinidad de los perfiles sugeridos.
Cobros indebidos
«El uso de estas páginas lleva intrínseco un contrato que se suscribe al hacer uso de la web, siendo el principal problema que muchos afrontan al no haberse leído el documento», explica Legálitas, subrayando, por ello, la importancia de revisar bien las condiciones generales de contratación que la empresa tenga y que deben estar accesibles en la web antes de realizar el alta en el servicio.
Destacan también todo lo relacionado con los trámites para darse de baja, así como las suscripciones y la política de precios, «puesto que ha habido casos en los que se marcaba una cuantía para un período de tiempo y luego se incumplía, cobrando más de lo estipulado y manteniendo activo el servicio por encima de los plazos marcados».
El usuario, «atrapado»
El despacho advierte que lo más común es «atrapar» al usuario con una suscripción gratuita, solicitando un número de tarjeta o cuenta bancaria en el momento del registro. «Una vez concluido el período gratuito, se efectúan renovaciones trimestrales, semestrales o anuales, cobrando, si el usuario no ha dado de baja el servicio con un preaviso de 30 días», explican. Dichas renovaciones también se dan automáticamente si el cliente no se ha dado de baja antes de que expire el período gratuito.
Alertan también de las «dificultades para darse de baja», uno de los motivos más frecuentes por los que los clientes buscan asesoría jurídica, ya que incluso tras tramitar la anulación del servicio pueden seguir recibiendo cargos en el banco, lo que hace preciso denunciar ante Consumo o, en último caso, ante el Juzgado. Una complicación añadida para solicitar la baja es que este tipo de empresas no tienen sede en España, por lo que plantear acciones legales contra ellas se complica. Lo dicho: cuidado.