El pacto para el CGPJ encalla por el veto del PP a jueces propuestos por Podemos
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Sánchez presiona a los populares, pero renuncia a modificar el actual sistema
27 feb 2021 . Actualizado a las 09:52 h.Parecía hecho, pero ha vuelto a encallar. El acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha entrado en vía muerta ante la negativa del PP a aceptar que Unidas Podemos designe como vocales a Victoria Rosell, exdiputada del partido morado y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y a José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia del caso Gürtel que propició la moción de censura contra Mariano Rajoy. Unidas Podemos también habría vetado algunos nombres propuestos por el PP. Tras constatar ese escollo insuperable, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso toda la presión sobre los populares al comparecer en la Moncloa, por primer vez en mucho tiempo con periodistas, y exigir al PP que no imponga «vetos» porque «en una democracia el acuerdo es la única victoria duradera».
El líder popular, Pablo Casado, explicó sin embargo ante el comité de dirección de su partido que la postura es la de que «ningún político puede ser vocal» del consejo. Y, respecto a De Prada, el PP indicó que «un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás». Sánchez eludió concretar si esos dos nombres son innegociables para el Gobierno, aunque afirmó que son «personas que tienen un currículo acreditado» y que «lo que han hecho es su trabajo como jueces». Exigió al PP que «recapacite» porque, según dijo, el bloqueo «no se entiende» después de que fuera posible llegar a un acuerdo para el consejo de RTVE. «Hace falta más coraje para el acuerdo que para el enfrentamiento», insistió, advirtiendo de que el pacto es imprescindible en un momento como el actual, en el que «la sociedad está «exhausta tras un año de sufrimiento sanitario y económico».
El jefe del Ejecutivo no aclaró qué escenario se plantea en caso de que permanezca el bloqueo, que dura ya dos años y medio, aunque descarta poner en marcha la iniciativa impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos para modificar el modelo de elección de los jueces rebajando a una mayoría absoluta del Congreso el apoyo de tres quintos de la cámara requerido actualmente.
Podemos habla de «ruptura»
Pese a las advertencias del jefe del Ejecutivo, los populares no están dispuestos a moverse. «El PP no acepta la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia», indican en el partido. El negociador del partido con el Gobierno, Enrique López, señaló además que el nombramiento de De Prada constituiría «una clara ilegalidad», al no haber sido propuesto por los jueces, e iría «en contra el espíritu constitucional».
Los populares, que habían avanzado mucho en la negociación con el PSOE, culpan ahora del bloqueo a «las peleas de coalición entre Sánchez e Iglesias» que, según aseguran, han hecho «descarrilar el acuerdo». Unidas Podemos responsabilizó sin embargo al PP de la «ruptura» por tratar de controlar a los jueces por mera «supervivencia» ante los diferentes casos de corrupción que le afectan. «El PP quiere trasladar su sede de la calle Génova a la sede del CGPJ», señaló el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens.
El retorno del bloqueo deja en el aire la renovación del Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional
G. B.
Aunque el acuerdo alcanzado entre el PSOE, el PP, Unidas Podemos y el PNV para repartirse los asientos de consejo de RTVE parecía allanar el camino para un pacto similar en la renovación de todos los órganos institucionales pendientes, el retorno al bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial deja en el aire todos los relevos. Uno de ellos es el que afecta al Defensor del Pueblo, que requiere también mayoría de tres quintos en el Congreso, en el que el consenso parecía alcanzado en torno a la figura de Ángel Gabilondo, exministro socialista de Educación y actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. El también socialista Francisco Fernández Marugán lleva ejerciendo el cargo en funciones desde julio del 2017. Gabilondo ya ha explicado incluso que para él sería «un gran honor» ocupar ese cargo aunque no ha recibido «comunicación explícita» de ser el propuesto. «No tengo confirmado que yo vaya a ser defensor del Pueblo. En este momento se está hablando, hay informaciones pero, a día de hoy, yo no he recibido ninguna comunicación al respecto», indicó.
También está caducado desde noviembre del 2019 el mandato de nueve años de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, que deben ser designados por el Congreso. Dentro de un año, el Gobierno tendrá potestad para nombrar a otros dos magistrados, lo que implicaría un cambio en la mayoría, ahora dominada por los de orientación conservadora, para quedar en manos de jueces considerados progresistas.
La presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el cargo de adjunto a esa presidencia llevan pendientes de renovación desde julio del 2019 tras concluir el mandato previsto de cinco años. En este caso, el nombramiento corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. Y entre las instituciones cuyo período de gobierno concluye próximamente está igualmente el Tribunal de Cuentas, que acaba su mandato el próximo mes de julio. Los doce consejeros de este organismo deben ser elegidos por el Congreso y el Senado con una mayoría de tres quintos y los cargos se asumen por un período de nueve años.