El presidente desliga a la Casa Real de la regularización fiscal del emérito

«Siento el mismo rechazo que la mayoría de las personas», dice Sánchez

El rey Felipe VI recibe el saludo del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, en presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
El rey Felipe VI recibe el saludo del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, en presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Madrid / La Voz

La regularización fiscal de Juan Carlos I, conocida esta semana, provocó duras declaraciones de los políticos y las dudas del presidente, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo se mostró contundente en sus declaraciones contra la situación propiciada por el rey emérito y pidió no confundir a la institución con «una persona».

La segunda regularización fiscal de Juan Carlos I, en la que abonó casi 4,40 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios, concretamente más de ocho millones de euros en viajes que son considerados pagos en especie en la declaración de IRPF, provocó las dudas del presidente del Gobierno y las críticas de muchos actores políticos de primer orden. «Aquí no se está cuestionando a una institución, a la Casa Real o a la Corona, lo que se está haciendo es poner en cuestión y mostrar dudas sobre una persona», explicó Pedro Sánchez en su valoración de lo acaecido en los últimos días.

El presidente fue contundente con su postura e insistió en diferenciar a la actual Casa Real de las acciones de un individuo. Desde el palacio de la Moncloa, Sánchez declaró su confianza e instó a la institución monárquica a continuar «cumpliendo con los estándares de ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas de una democracia plena». Además, aseguró haber manifestado en varias ocasiones «el respaldo que el Gobierno» y que él mismo «da al jefe del Estado actual». Las declaraciones se produjeron un día después de que el Congreso de los Diputados, con el apoyo del PSOE, votara a favor de mantener la inviolabilidad del rey Felipe VI.

«Si se han cometido irresponsabilidades en las obligaciones fiscales, lo que tienen que hacer es repararlas», dijo Sánchez, quien no dudó en distanciarse de la figura del emérito al sentir «el reproche que merece y que yo creo que siente la mayoría social del país y de la que yo me hago partícipe».

La regularización fiscal del emérito conocida el jueves pasado incluye intereses de demora y recargos ante las autoridades tributarias competentes, según una comunicado remitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco. El letrado explicó en su breve nota que la declaración se realizó «sin requerimiento previo de clase alguna» y que la presentación de estas autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de «determinados gastos por viajes y servicios realizados por Juan Carlos I de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas». La alusión a la falta de requerimiento previo es importante, ya que el abogado del rey emérito se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal. Esto le permite quedar exento de incurrir en delitos fiscales por este asunto. Según el citado artículo, queda libre de responsabilidad «el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación».

El BNG y los independentistas piden a la ministra de Hacienda que comparezca 

Los partidos independentistas Esquerra Republicana, Bildu, Junts, PDECat, la CUP y el BNG se unieron para exigir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el segundo pago de Juan Carlos I para regularizar deudas con la Agencia Tributaria.

A raíz de las últimas informaciones confirmadas por el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, de su segunda regularización fiscal por rentas no declaradas, los independentistas catalanes y vascos y los nacionalistas gallegos solicitaron la presencia en el Congreso de la titular de Hacienda para que explique «en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de 4 millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón». Por estas mismas razones los citados partidos también reclaman la presencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de la Fiscalía Anticorrupción y del director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. La información de su regularización fiscal, sobre la que no se ha pronunciado la Casa Real, surge en un momento complicado para la figura del monarca emérito, cuestionado por su situación en Emiratos Árabes Unidos y por la consecuente ausencia en la conmemoración del golpe del 23F.

Podemos critica a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria por no investigar, y Calvo defiende el rigor institucional

La nueva regularización del emérito suscitó las críticas de dirigentes de un amplio espectro político. Desde las declaraciones de Carmen Calvo hasta las del expresidente Aznar, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del grupo Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, reprochó este viernes «la pasividad y la tardanza» de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía para investigar la situación fiscal de Juan Carlos de Borbón. Jaume Asens señaló que el rey emérito «está logrando garantizar la impunidad de sus presuntos crímenes gracias a esa tardanza». Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que la regularización fiscal a la que se acogió el rey emérito, Juan Carlos I, es un ejemplo de que «nuestro país es una democracia con un Estado de derecho riguroso. Ningún miembro del Gobierno podemos pronunciarnos sobre las relaciones de cada uno de los ciudadanos, incluido alguien que ha sido el Jefe del Estado, en sus obligaciones tributarias, en sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria», explicó la socialista.

Tampoco Aznar perdió la oportunidad de ofrecer su parecer. El expresidente popular dijo que las normas «están para cumplirlas» y subrayó que si la persona que representa la institución «no cree en ella», por qué deberían hacerlo los demás. Pero no fue el único político no de izquierdas que criticó las informaciones de regularización fiscal del rey. «Millones de españoles sabemos la contribución a la democracia española que hizo en su día, pero se demuestra que después también tuvo conductas absolutamente decepcionantes», señaló la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

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