Villarejo, a su salida de la cárcel: «Las cloacas no generan mierda, la limpian»

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El excomisario José Villarejo, investigado por la Audiencia Nacional en el caso Tándem, ha salido pasadas las 18.30 horas de la cárcel madrileña de Estremera, en la que permanecía en prisión provisional desde noviembre de 2017, con la advertencia de que ahora va a poder hablar para defenderse, según recoge Efe.

«Es la única razón por la que me han tenido preso, para que no hablara», ha manifestado Villarejo a los periodistas nada más salir de prisión con un parche en el ojo izquierdo, debido a los problemas médicos que sufrió hace unas semanas, una boina y una mascarilla con la bandera de España estampada.

El juez Manuel García Castellón, a petición de la Fiscalía, ha acordado este miércoles su puesta en libertad ante la imposibilidad de poder juzgarle antes de noviembre, cuando cumple el límite máximo de 4 años desde que se decretó su prisión preventiva tras su detención en la operación Tándem.

El magistrado, como el fiscal, advierte de que aún existe riesgo de fuga, de ahí que le haya impuesto estrictas medidas cautelares: comparecencias diarias en el juzgado más próximo a su domicilio, prohibición de salida de territorio nacional y retirada de pasaporte, «con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo», y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

Villarejo, por contra, ha dejado claro que no piensa huir, sino que va a declarar en la treintena de piezas en las que se le investiga. Sin ir más lejos, este jueves, cuando está citado en la Audiencia Nacional por dos de ellas y piensa contar «cosas muy interesantes».

«Lo único que quiero es defenderme», ha asegurado Villarejo, que ha vuelto a atribuir al exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, su estancia en prisión, un tiempo, ha dicho en tono irónico, «de meditación» para «pensar sobre el bien y el mal».

«Soy comisario de Policía y he tenido el honor de trabajar para mi país, y digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian», ha añadido.

Preguntado por la situación del rey emérito, ha dicho que le parece «injusto» todo lo que le está ocurriendo, aunque no ha querido «entrar en ese tema», y ha afirmado que él seguirá confiando en la Justicia. «Me lo han robado todo, pero no me pueden robar que siga creyendo en la justicia porque entonces mi vida no habría tenido sentido», ha zanjado.

Medida provisional

Tres años y cuatro meses después, José Manuel Villarejo vuelve a ser un hombre libre. Al menos de forma provisional. El comisario jubilado que ha puesto en jaque con sus grabaciones a políticos e influyentes empresarios del país, sin olvidar los negocios del rey emérito a través de las revelaciones de Corinna Larsen, regresa a su casa con la clara intención de seguir defendiendo sus lucrativas actividades parapoliciales, lo que él ha denominado «servicios al Estado», caiga quien caiga.

La figura de Villarejo en libertad, por lo tanto, abre un nuevo escenario y compromete sobremanera a las personalidades y funcionarios señalados en sus audios y agendas por su anunciada intención de llevarse todo por delante. Y todo, es todo, como avisó a la delegación de Vox que le visitó hace dos semanas en la prisión de Estremera. «Las cloacas no generamos mierda, la limpiamos; voy a saltar al abismo pero no caeré solo», comunicó a sus interlocutores en el marco de su declaración en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que comienza en el Congreso el próximo 11 de marzo.

«Amistades peligrosas»

Y es que a la preocupación de los investigados en la operación Tándem también se suma la de esas «amistades peligrosas» que aparecen en sus anotaciones, como periodistas que han constituido la «pata mediática» de sus negocios, jueces en activo o incluso fiscales. Este es el caso de Dolores Delgado, con quien el comisario mantuvo contactos durante al menos una década, según se desprende del sumario.

La excarcelación del comisario cordobés de 69 años se consumó este miércoles después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso, acordase su libertad bajo estrictas medidas cautelares para impedir su fuga. El magistrado tomó esta decisión una vez que la Fiscalía Anticorrupción cambió el paso y accedió a que este saliera ante la imposibilidad de juzgarle antes de noviembre. Ese mes hubiera cumplido el límite legal de la prisión preventiva (cuatro años) para cualquier acusado sin sentencia condenatoria.

No obstante, la libertad de Villarejo se venía fraguando desde mediados de febrero, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional abrió la puerta a su excarcelación en tres de las 30 piezas de la macrocausa, que ya están listas para juicio. El tribunal de la Sección Cuarta, presidido por Alfonso Guevara, alegó que se trataba de un procedimientos con penas menos graves y avanzó que la agenda de señalamientos impedía enjuiciarle en el plazo previsto de la prisión provisional.

Además, el juez corroboró este miércoles que el estado de tramitación del resto de piezas tampoco permite su inmediata conclusión dada su complejidad. En cualquier caso, que un acusado de graves delitos —organización criminal, blanqueo, etcétera— permanezca tanto tiempo en la cárcel sin juicio deja en mal lugar a la Audiencia. Ello pese a que fuentes jurídicas consultadas admiten que la pandemia tampoco ha ayudado.

Riesgo de fuga

Así las cosas, la Sala Penal abrió la puerta a su libertad en febrero, el martes confirmó su postura y la Fiscalía no ha tenido más remedio que ceder pese a su temor a que Villarejo se fugue. Para evitar este riesgo, el de destrucción de pruebas o el de reiteración delictiva, el juez le ha impuesto severas medidas cautelares que no se recuerdan desde el caso del mecenas chino Gao Ping. El acusado deberá comparecer cada día ante el juzgado correspondiente a su domicilio (reside en la localidad madrileña de Boadilla del Monte). Se le retira el pasaporte, se le impide salir del país y está obligado a comunicar cualquier cambio de residencia.

En su escrito, los fiscales del caso, Miguel Serrano y César De Rivas, explicaron sus temores a que huya. Afirman que Villarejo ha usado una «pluralidad de identidades» en sus operaciones parapoliciales; se han hallado en los registros pasaportes en blanco y gran cantidad de dinero en efectivo; han acreditado la facilidad para poder trasladarse a distintos países, tanto dentro como fuera de Europa; y dispone de patrimonio fuera de España y una amplia red de contactos.

La Fiscalía pide más de cien años de cárcel por tres piezas sobre la operación Tándem

El juicio a José Manuel Villarejo por tres piezas de la macrocausa Tándem, en la que se investigan sus negocios y operaciones parapoliciales, comenzará el próximo 13 de diciembre en la Audiencia Nacional, con una petición de cárcel de más de cien años, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Se trata de las piezas 2, 3 y 6, conocidas como Iron, Land y Pintor, y serán las primeras juzgadas de las más de treinta que forman la llamada operación Tándem.

Servicios de espionaje

La Fiscalía pide más de 109 años de cárcel para Villarejo por estas tres piezas. En Iron, donde consta la pena más elevada, Anticorrupción reclama 57 años de prisión y una multa de más de 700.000 euros para el excomisario por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

En Land, donde se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización madrileña de lujo La Finca, el Ministerio Público solicita 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para Villarejo.

En cuanto a Pintor, que trata sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado unos empresarios para extorsionar a un exsocio y al abogado de este último, el exjuez Francisco Javier de Urquía, la Fiscalía pide 14 años de cárcel para Villarejo.

El comisario jubilado acudirá hoy a la Audiencia Nacional, donde le ha citado el juez instructor Manuel García Castellón para interrogarle como investigado en el marco de la pieza número 29 del caso Tándem, en la que se investiga el presunto encargo de espiar al empresario Joaquín Molpeceres en relación a un concurso de acreedores.

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