El PSOE plantea reducciones de entre el 50 y el 90 % del IRPF para promover rebajas del alquiler

La Voz

ACTUALIDAD

Ábalos insiste en su propuesta de Ley de Vivienda en impulsar los incentivos fiscales en vez de imponer un control de precios y Podemos critica que los socialistas quieran sostener con dinero público la burbuja del alquiler

17 mar 2021 . Actualizado a las 17:00 h.

Los propietarios que rebajen un 10 % la renta del contrato en alquiler de su vivienda en zonas tensionadas tendrán derecho a una reducción del 90 % sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF, según se recoge en la propuesta de Ley de Vivienda del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana a la que ha tenido acceso Europa Press. De esta forma, el ministerio que dirige José Luis Ábalos vuelve a rechazar la imposición de un control de precios tal y como pedían desde Unidas Podemos y opta por echar mano de los incentivos, agrandando la brecha que ya existía entre los dos socios de Gobierno en lo que a vivienda se refiere.

Así, según explica el Ministerio en el documento, si un propietario que tenía un contrato de arrendamiento de 700 euros al mes firma uno nuevo por 630 euros, tendrá derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, «superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta». Por otro lado, se recoge una bonificación para propietarios del 70 % en el IRPF por la incorporación de una vivienda para alquiler habitual en las zonas tensionadas. Esto, según Agenda Urbana, favorece la entrada en el mercado de viviendas que anteriormente no estaban en alquiler como vivienda habitual. «De esta forma, se afronta directamente el problema de falta de oferta que caracteriza las zonas de mercado residencial tensionada, equilibrándose los precios», apunta el documento.

En el resto de las zonas que no se consideren tensionadas, las bonificaciones en el IRPF para los propietarios se situarán entre el 50 %, con carácter general, y el 70 % en el caso de alquilar a jóvenes de entre 18 y 35 años. La propuesta en la que está trabajando el Ministerio que dirige José Luis Ábalos también apuesta por introducir una definición de vivienda vacía a efectos del recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En concreto, propone recoger en la propia legislación reguladora del IBI una definición «clara» para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo en la cuota del IBI a aquellos inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados, estableciendo un periodo temporal de referencia de dos años, fijando un número mínimo de cuatro inmuebles por propietario y estableciendo una serie de causas justificadas de desocupación temporal del inmueble.

La propuesta recibió pronta respuesta por parte de las filas de Unidas Podemos. Los socios de Gobierno del PSOE rechazaron la propuesta al considerar la medida un «incumplimiento flagrante» del acuerdo de gobierno de coalición. Aseguran que la oferta que ha presentado el PSOE, en nombre del Ministerio dirigido por José Luis Ábalos, en la reunión de este miércoles «consiste en dedicar recursos públicos a asumir, por parte de todos los contribuyentes, las rebajas en la renta que realice quien tenga una vivienda en alquiler». En consecuencia, aprecian que los socialistas «sucumben» a las propuestas de la patronal inmobiliaria con un modelo que beneficia a los grandes tenedores de vivienda, en lugar de establecer obligaciones que haga aflorar inmuebles vacíos que bajen el alquiler.

Desde Unidas Podemos se considera que esa propuesta «no sólo incumple el acuerdo de Gobierno» por «no incluir la regulación de precios del alquiler», sino que además es «antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos». Como prueba de ello aluden a que la base a esta propuesta plantea que «cuanto más cara sea la renta y más viviendas tenga un propietario, mayor será el beneficio fiscal que reciba». Asimismo, reprochan que el PSOE «no recoge ninguna medida dirigida a los grandes propietarios constituidos en empresas como Blackstone y el resto de fondos buitre», que «podrían seguir cobrando alquileres abusivos como hasta ahora y especulando con el derecho a la vivienda».