Calviño se alinea con la CEOE frente a la contrarreforma laboral de Díaz

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

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Mariscal | Efe

Dice que Podemos está en el «eslogan» y reivindica su papel en el diálogo social

19 mar 2021 . Actualizado a las 08:39 h.

A falta de que se consume su ascenso en el escalafón del Gobierno, la vicepresidenta Nadia Calviño tiró este jueves de galones para reivindicar su papel de coordinación en la política económica del Ejecutivo. Lo hizo fijando posición en un asunto, la contrarreforma laboral, de la que la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ha hecho bandera y que centrará las negociaciones con sindicatos y patronal en los próximos meses.

Calviño, que en una entrevista radiofónica instó a mirar al futuro y dejar de revisar el pasado, rechazó que el desmontaje de la reforma laboral implantada en el 2012 por el Gobierno de Rajoy sea la solución a los problemas de precariedad laboral: «Nos engañaríamos si pensamos que cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores se resuelven todos los problemas que nuestra economía arrastra desde hace décadas en el ámbito laboral». Marca así distancias con un discurso, el de Podemos, que calificó de «eslogan, que respeto pero no es en el que yo estoy, yo estoy en la sustancia». Esa sustancia está, asegura, en las 17 reformas planteadas a la Comisión Europea, un programa de trabajo «equilibrado y responsable», «que no mira al pasado» y que, aseguró, «la ministra Díaz y yo compartimos al 100 %», pese a la evidente distancia en sus posicionamientos.

A juicio de la vicepresidenta económica, la gran prioridad en el terreno laboral, junto a la reincorporación de todos los trabajadores actualmente en ERTE, pasa por atajar las altísimas tasas de desempleo juvenil y conseguir que «los jóvenes puedan aprovechar el impulso a la demanda que se dará con el plan de recuperación para conseguir un puesto de trabajo de calidad». Para ello, apostó por reducir la maraña de contratos actuales a solo tres: uno estable, otro temporal y otro de formación.

Una melodía muy similar a la que a la misma hora, pero en televisión, entonaba el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que advirtió a la ministra de Trabajo que «se equivoca» al plantear una «contrarreforma» de la legislación laboral del 2012, porque no contribuiría a crear empleo, introduciría «rigidez» en el mercado laboral y no generaría confianza en las empresas y los inversores.

El papel en el diálogo social

Además de fijar posición de cara a los cambios en la normativa laboral, Calviño también reivindicó su papel y el de otros ministros, como los de Seguridad Social o Hacienda, en los acuerdos del diálogo social de los que Díaz ha hecho bandera en su primer año en el Gobierno y que han cimentado su buena valoración en la opinión pública: «Desde Economía hemos encauzado mucho el trabajo para que se llegara a acuerdos equilibrados en los asuntos que eran prioritarios», entre los que citó el del teletrabajo o el que se acaba de cerrar para evitar que los repartidores de grandes plataformas sigan cotizando como falsos autónomos y se integren en las plantillas como asalariados.

Aval a la ley de vivienda

La vicepresidenta, que apostó por establecer un sistema permanente de ERTE frente a futuras crisis para «romper esa dinámica de temporalidad y despidos» que genera debilidad en la economía española, tomó partido en otro de los temas que más divide a los socios de Gobierno: la regulación de los alquileres. Frente a las críticas de los morados, que ven una traición a sus votantes y al acuerdo de Gobierno la renuncia del ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a limitar por ley los precios de los arrendamientos, Calviño aseguró que la propuesta de intentar enfriar el mercado ofreciendo mayores bonificaciones fiscales a los arrendadores que bajen las rentas es «muy razonable».

Subrayó la vicepresidenta que en el ámbito de la vivienda «no hay una solución milagrosa», pero que los incentivos fiscales «sabemos que funcionan», al tiempo que tildó de «ridículas» las palabras de quienes la acusan de defender los intereses de las patronales inmobiliarias y de los fondos buitres que se han convertido en grandes tenedores de inmuebles.