Aprobada una propuesta del PNV para que el Constitucional no pueda sancionar a cargos públicos
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PP, Vox y Cs critican al PSOE por dejar al alto tribunal sin la potestad de suspender a quienes desobedezcan sus resoluciones
23 mar 2021 . Actualizado a las 18:45 h.La mayoría de grupos parlamentarios del Congreso, incluido el PSOE, apoyó este martes una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que este órgano no pueda suspender o sancionar a cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones, potestad que le atribuyó el Gobierno del Partido Popular en 2015, informa Efe.
Como hizo ya en el 2016, el PNV defendió en el pleno del Congreso una proposición de ley para derogar ese punto y la posibilidad de presentar recursos previos de inconstitucionalidad ante las reformas de los estatutos de autonomía, otra medida resucitada también en el 2015.
El PSOE se abrió a tramitar la propuesta de los nacionalistas vascos, aunque su portavoz, Odón Elorza, dejó claro que solo comparte el primer punto y no el segundo, relativo a los recursos previos de inconstitucionalidad. En el 2015, el PSOE apoyó el recurso previo de inconstitucionalidad y sigue pensando que es necesario para que no se repita el «conflicto de legitimidades» que se abrió en Cataluña cuando el Constitucional echó abajo catorce artículos del Estatuto cuatro años después de que hubiera sido aprobado por el Parlamento catalán y por los ciudadanos catalanes en referendo.
Elorza rechazó que el PSOE juegue «en la misma liga que el PP y Vox» e instó al PNV a no jugar «en la misma liga que Bildu o ERC», garantizando que los socialistas, aunque apoyen el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos, no van a dejar de negociar avances del autogobierno dentro de los límites de la Constitución.
El representante del PNV, Mikel Legarda, consideró no obstante que esa posibilidad de recurrir al Constitucional antes de que entre en vigor un Estatuto convierte a ese tribunal en una tercera Cámara parlamentaria y cercena el diálogo político.
A su juicio, aquella reforma y la posibilidad de que el tribunal de garantías sancione y suspenda a los cargos públicos o funcionarios que no cumplan sus resoluciones, sin acudir a la Justicia ordinaria, «fueron un paso más en el proceso de judicializar procesos políticos».
Su propuesta recibió el apoyo de Unidas Podemos, cuya portavoz, Martina Velarde, acusó al PP de convertir al Constitucional en el 2015 en «un órgano de partido para judicializar el conflicto catalán», y de los grupos nacionalistas e independentistas.
Aunque la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, emplazó al PNV a dar un paso más y luchar por «superar a un tribunal político» que «impone» al País Vasco los instrumentos de autogobierno. «La sociedad vasca no necesita tutelas de tribunales ajenos», recalcó.
Rechazo en la derecha
En contra de la proposición de ley del PNV se situaron el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que defendieron la necesidad de que el Tribunal Constitucional siga siendo un «dique» que proteja al Estado de ataques independentistas.
«El PSOE no puede decir a los independentistas que no generen expectativas imposibles y a los diez minutos desproteger al Estado de derecho frente a esas amenazas», advirtió a los socialistas el portavoz popular, Jaime de Olano. A su juicio, que el Constitucional pueda suspender o sancionar a cargos públicos es garantía de que sus sentencias se cumplirán: «Solo deben sentirse amenazados aquellos que pretenden vulnerar los derechos constitucionales de los españoles, afirmó.
Con esa potestad, coincidió Edmundo Bal, de Ciudadanos, se garantiza que «no se falte al respeto al Estado de derecho y al principio de legalidad».
Desde Vox, José María Sánchez García fue más allá y propuso extender el recurso previo de inconstitucionalidad a todas las leyes orgánicas.