La operación Malaya cumple quince años con todos los detenidos en la calle

Todos los implicados, incluidos Isabel Pantoja y Julián Muñoz, han cumplido su condena menos uno

Isabel Pantoja y Julián Muñoz en 2004.
Isabel Pantoja y Julián Muñoz en 2004.

Málaga / EFE

Las primeras detenciones del caso Malaya se produjeron el 29 de marzo del 2006 y quince años después todos los condenados han cumplido su pena excepto el abogado Juan Germán Hoffmann (considerado uno de los testaferros del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca), que continúa fugado.

El abogado evadido de la justicia es hijo del que fuera cónsul general honorario de Alemania en Málaga, Juan Hoffmann, fallecido en 1998, y fue condenado en el caso Malaya a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.

La fuga del abogado Hoffmann sorprendió mucho en el ámbito judicial, ya que todo apuntaba a que tenía intención de ingresar en prisión aunque en el último momento no lo hizo y está en busca y captura desde mayo de 2016.

Hoffmann llegó a estar en prisión preventiva durante la instrucción del caso pero salió tras pagar una fianza de 150.000 euros fijada por el juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres, en mayo del 2007.

El resto de procesados no solo han cumplido su pena de prisión sino que han pagado sus multas y responsabilidades civiles; y a los que todavía les queda una parte siguen pagando y el Tribunal les tiene bloqueadas sus cuentas bancarias y el patrimonio, pendiente de vender en una página web.

Este macrojuicio fue pionero en muchos aspectos y fue observado desde muchos órganos judiciales para comprobar si era factible celebrar un juicio con tantos procesados y partes personadas, fue un logro y ejemplo para muchos procedimientos que luego se han celebrado.

También fueron pioneros en la web que se creó para vender los bienes de Juan Antonio Roca, lo que llevó a impulsar un nuevo portal para vender los bienes de otros condenados.

Incluso Hoffmann no se ha salvado, está fugado pero sus bienes están a la venta para hacer frente a sus responsabilidades, tiene embargadas dos viviendas, en Marbella y Benalmádena, una finca en Ojén y un solar en la Costa del Sol.

También se venden en la web 10.665 acciones de una sociedad que tiene Hoffmann en el Colegio Alemán de Málaga y 1.244 participaciones en una sociedad denominada Nuevos Aires 2002, S.L..

El presidente del Tribunal, José Godino, ha asegurado a Efe que la venta de bienes decomisados a través de las dos páginas web, que ha tenido más de cuatro millones de visitas, ha permitido resarcir el perjuicio económico a Marbella, algo que siempre quiso hacer, y también se ha pagado a Hacienda.

La vida de los condenados ha cambiado, a nivel personal y profesional. Los que eran funcionarios, fueron expulsados tras expedientes administrativos y los que trabajaban en empresas privadas han tenido problemas para volver.

Aunque siempre hay excepciones, entre ellas Juan Antonio Roca, que pese a los años que estuvo en prisión pudo encontrar trabajo en Marbella y continúa con sus labores profesionales, eso sí, en total anonimato.

Isabel García Marcos también pudo reincorporarse a su plaza en la delegación de Salud de la Junta de Andalucía y junto a otros condenados se le tiene retenido parte del sueldo para que pague su responsabilidad.

Los procesados consultados por Efe han preferido que no se les identifique pero si han reconocido que sus vidas han cambiado, muchos se han marchado de Marbella, otros se han jubilado (había muchos con avanzada edad) y aunque muchas penas no fueron elevadas les ha afectado en todos los ámbitos «hemos pagado nuestros errores», aseguraba uno de ellos.

El fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, considerado el azote de la corrupción en numerosas causas de la Costa del Sol, entre ellas el caso Malaya, ha afirmado a Efe que en la medida de lo posible se ha intentado resarcir a todos los afectados y que quizás es la mayor satisfacción del caso, «es el caballo de batalla», no solo la sanción penal sino las responsabilidades pecuniarias.

Para López Caballero toda ejecución de sentencia es una materia complicada y por ello considera que hay que centrar los esfuerzos y satisfacer a las víctimas, «debería ser una prioridad».

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