Los arquitectos que reformaron la sede del PP se acogieron a la amnistía fiscal
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Los asesores fiscales de Unifica declaran al tribunal que desconocen por qué Urquijo y García tenían cuentas en el extranjero
13 abr 2021 . Actualizado a las 18:33 h.Los dueños de Unifica, la empresa responsable de la reforma de la sede del PP y que supuestamente cobró con dinero de la caja B, también se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy en el 2012. Los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, que están siendo juzgados por la Audiencia Nacional, regularizaron fondos que tenían en el extranjero ocultos del fisco tras pagar la pertinente penalización.
Tanto a Unifica, como persona jurídica, como a sus propietarios les atribuyen delitos fiscales por no declarar a Hacienda diferentes cantidades mientras llevaron a cabo las obras de Génova 13, entre 2005 y 2011, un año antes de condonar sus deudas tributarias. Durante su declaración como acusados, ambos negaron haber cobrado parte de la reforma en dinero negro, pero no pudieron justificar la posesión de fondos en el extranjero.
Este martes, durante la fase testifical de la vista oral, dos asesores fiscales de su empresa fueron preguntados por este asunto y la respuesta fue similar: «Ignoramos la procedencia del dinero». Es decir, que tampoco han podido aclarar si, efectivamente como sospecha la acusación, a estas cuentas opacas fueron a parar los pagos con dinero de la caja B que manejaba Luis Bárcenas.
Los asesores Pedro Hammer y José María García-Ogara defendieron ante el tribunal, además, que «todas las facturas» emitidas por la sociedad han sido debidamente contabilizadas y declaradas en su momento en el Impuesto de Sociedades, y que si hubieran visto algo que no les cuadraba «hubiera pedido la regularización de ese ingreso o por ética profesional hubiese tenido que dejar de trabajar ahí».
Sin explicación
También compareció como testigo Mercedes Bravo, socia de un despacho de abogados que trabaja para Unifica. Relató al tribunal que se reunió con Urquijo en julio del 2013, cuando este conoció por la prensa que su nombre aparecía en los conocidos como papeles de Bárcenas.
Según dijo, estuvieron cotejando «mucha documentación» relativa a las obras de la sede del PP que el arquitecto llevó en una «carpeta de anillas» para tratar de encontrar alguna explicación a las cantidades que aparecieron publicadas. Así, tras analizar los documentos llegaron a la conclusión de que algunos «pagos o cheques» encajaban con las cantidades apuntadas por Bárcenas, mientras que para otras anotaciones no hallaron respuesta. Este miércoles prosigue la prueba testifical con la declaración de los primeros investigadores policiales de la causa.
El número dos de Gürtel admite cobros por adjudicaciones
El considerado número dos de Gürtel, Pablo Crespo, es otro de los acusados que ha decidido reconocer su participación en las actividades delictivas de la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, donde ha admitido que medió por adjudicaciones públicas a cambio de 593.000 euros.
Varios acusados de esta pieza del caso Gürtel, que comenzará a juzgarse a partir de septiembre, han ido presentando en las últimas semanas escritos donde reconocen su participación en los hechos y aceptan ser condenados por ello, como el considerado líder de la red, Francisco Correa; y el vicepresidente de la empresa Teconsa José Luis Martínez Parra.
Como ellos, también el exdirigente del PP gallego Pablo Crespo, que cumple condena por varias ramas del caso, ha remitido dos escritos a la Audiencia Nacional donde reconoce los hechos por los que le acusa la Fiscalía y acepta ser condenado a 13 años de cárcel con la aplicación de las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas en la pena.
La Fiscalía pide para él 64 años y 7 meses de prisión, la segunda pena más alta, por detrás de Correa (76 años y 7 meses), en una pieza donde también está acusado el exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, el Albondiguilla (40 años y 9 meses); y su sucesor Juan Jesús Siguero (2 y medio).
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe este martes, Crespo admite que recibió 593.000 euros por participar en la intermediación de adjudicaciones públicas a favor de empresas como Teconsa, Constructora Hispánica y UFC; y reconoce que, junto con Correa, se concertaron con el entonces alcalde, el exdiputado del PP Alfonso Bosch; y el exjefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla César Tomás Martín Morales, también acusados, para la concesión pública de unos terrenos.