Montero quiere subir los impuestos de sociedades, sucesiones y patrimonio en el 2022
ACTUALIDAD
El comité de expertos que diseñará la reforma fiscal presentará sus recomendaciones en un año
13 abr 2021 . Actualizado a las 10:23 h.Cuenta atrás para una nueva reforma fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presidió este lunes la constitución del comité de expertos que diseñarán el modelo tributario español para «mejorar su eficiencia, adaptarlo a los retos actuales y garantizar la sostenibilidad pública». El documento, que deberán presentar el 28 de febrero del 2022, también recogerá la revisión del sistema de financiación autonómica, es decir, la patata caliente de la armonización fiscal que enfrenta a las comunidades.
Aunque el plazo para concluir los trabajos es de un año, Montero señaló que el objetivo del Gobierno es, a medida que los expertos vayan cerrando sus recomendaciones preliminares sobre diferentes impuestos, poder incorporarlas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022. El foco, según indicó la responsable de Hacienda, está puesto el impuesto de sociedades (el que pagan las empresas sobre sus beneficios y para el que el Ejecutivo defendió ya un tipo mínimo del 15 %), así como en la armonización tributaria de la fiscalidad sobre sucesiones y donaciones y sobre el patrimonio, para acabar con lo que considera competencia desleal entre comunidades, del que ponen a Madrid como máximo exponente.
Diecisiete expertos del ámbito académico de todo el país, bajo la presidencia de Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, serán los encargados de revisar el andamiaje tributario. Entre ellos están dos gallegos: Xabier Labandeira y Santiago Lago, catedráticos de Economía y Economía Aplicada respectivamente de la Universidade de Vigo.
«Audacia» en nuevos tributos
Durante un año harán primero un diagnóstico y luego propuestas para actualizar todo el sistema fiscal del país (impuestos directos, indirectos y demás ingresos públicos). «Hay que hacer una revisión en profundidad de la arquitectura fiscal, que aún es analógica en una economía digital», subrayó la ministra, animando a los expertos a ser «audaces y osados» en esta tarea, yendo «más allá de plantear si subir o bajar dos puntos los tipos, viendo cuáles tendrían que ser las futuras medidas fiscales y cuáles se han quedado obsoletas».
En este sentido, el libro blanco que elaborarán deberá incluir, además de aspectos como la suficiencia, la equidad y la eficiencia del sistema -la pandemia ha disparado el desfase entre ingresos y gastos públicos y urge buscar fórmulas para cerrar esa brecha-, las tendencias internacionales (sobre todo en fiscalidad verde y digital) y sus consecuencias en el modelo territorial, además de aplicar su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social y de género, algo que la crisis ha intensificado.
De este modo, las prioridades de trabajo se concentrarán en la fiscalidad medioambiental, la tributación de las empresas, los impuestos a la economía digitalizada y a las actividades económicas emergentes, sin olvidar la «aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial», es decir, acabar con la capacidad autonómica para rebajarlos, hasta su supresión en la práctica.
Montero insistió, como en ocasiones anteriores, en la necesidad de acabar con la brecha (de 7 u 8 puntos) en la presión fiscal del país comparada con la media europea, a fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas con un sistema tributario «justo y progresivo».
Tendencia internacional
En el caso de sociedades, el Ejecutivo ya trabajaba en la posibilidad de establecer un tipo mínimo que impida a las grandes empresas prácticamente no tributar, aplicándose deducciones. A este respecto, la ministra valoró el giro en la posición fiscal americana, al defender la Administración Biden -en línea con la postura de la OCDE- aplicar un mínimo a nivel global y que se tribute donde se generen los beneficios, no en función de la sede.
Montero aseguró que España impulsará una legislación en ese sentido, que luego podría ser reemplazada por la internacional -igual que ha ocurrido con la tasa Google-, habida cuenta de que los acuerdos globales suelen demorarse en el tiempo.
