Sánchez garantiza que se cumplirá el calendario de vacunación, pese a la paralización de las dosis de Janssen

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Vuelve a insistir en que la intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo y defiende que cambiar la ley sanitaria para evitar el control judicial sería un retroceso en la calidad democrática

15 abr 2021 . Actualizado a las 08:54 h.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparece desde primera hora en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión del estado de alarma que expira el 9 de mayo y detallar las inversiones y reformas del plan de recuperación, ha garantizado durante su intervención inicial que España cumplirá el objetivo de vacunación fijado y el calendario previsto, que implica tener inmunizados a finales de agosto a 33 millones de españoles, pese a la paralización de las 300.000 dosis de la vacuna de Janssen que estaba previsto que llegasen este miércoles. Aunque no ha hecho mención explícita al revés que supone la decisión de esta compañía, Sánchez ha insistido en que el Gobierno no solo quiere conseguir los objetivos, sino también «superarlos».

El presidente del Ejecutivo español ha recordado que entre abril y junio España va a recibir 38 millones de vacunas; y una vez esté aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) la fórmula de Curevac, se espera que entre junio y septiembre lleguen 48 millones de dosis, lo que supone 87 millones entre abril y septiembre. «Con ello, nos vamos a asegurar de que cualquier persona que lo deseé pueda estar vacunada», se ha comprometido.

Además, Pedro Sánchez ha vuelto a reafirmarse en su intención de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo y ha defendido que cambiar la ley sanitaria para evitar el control judicial sería un retroceso en la calidad democrática. «Queda un mes para que finalice, para que se ponga punto y final a esta situación jurídica excepcional. A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos, de la eficacia de nuestra coordinación y de la responsabilidad individual», ha recalcado.

Repitió el mandatario, una vez más más, los mismos argumentos que ya había defendido ayer: que la situación no es comparable a la que existía cuando se tuvo que recurrir a la alarma, que las comunidades tienen instrumentos jurídicos suficientes para hacer frente a la pandemia y que esta decisión está avalada por los expertos. La mayoría de los grupos parlamentarios, sin embargo, consideran prematuro desprenderse en menos de un mes de este paraguas legal y solicitan una alternativa.

Especialmente duro ha sido con el presidente del Ejecutivo el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha arremetido contra él acusándole de no tener «vergüenza» y de gobernar con «chulería»,y  ofreciéndole una vez más el plan b jurídico diseñado por su partido para gestionar la pandemia, una modificación puntual de la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública que la formación volverá a registrar. «Basta de excepcionalidad constitucional y de echar la culpa a las comunidades autónomas», ha sentenciado.

Sánchez, por su parte, ha respondido que no puede modificar la legislación sanitaria para permitir a las comunidades restringir derechos y libertades fundamentales sin control judicial porque podría «suponer un retroceso en la calidad democrática». «Este Gobierno no puede poner en manos de las comunidades una serie de restricciones en las libertades y derechos fundamentales sin ningún tipo de control, en este caso, del poder judicial. No podemos», ha sentenciado durante su turno de réplica.

También en esa segunda intervención, Sánchez ha defendido la «sobresaliente» capacidad del sistema nacional de salud para vacunar y ha cuestionado la negociación de algunas autonomías, en referencia a Madrid, para hacerse con la vacuna rusa, momento que el presidente del Gobierno ha aprovechado para insinuar que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso es responsable de que en este territorio haya aumentado el número de personas que rechazan la vacuna de AstraZeneca, mucho mayor que en otros territorios. «Será porque no hay un compromiso claro e inequívoco de las instituciones» regionales, ha remachado. Porque para Sánchez «la alternativa al estado de alarma es un plan de vacunación», que tal y como ha recordado «se ha intensificado».

El presidente del Ejecutivo español ha puesto en valor que en menos de un año España tenga cuatro vacunas y «otras tantas» que «van a venir». Con respecto a los reproches del PP y de Vox sobre el fin del estado de alarma, el presidente del Gobierno ha señalado la falta de coherencia en sus discursos, ya que ambas formaciones han defendido y cargado por igual, en diferentes momentos de la pandemia, contra este instrumento. A Santiago Abascal, Sánchez le ha recriminado que Vox fue el primer partido en pedir el estado de alarma y también el primero que solicitó su anulación. Y recordó que los populares, por su partes, habían votado a favor de él, se habían abstenido y posteriormente habían votado en contra. «Los españoles ni siquiera saben cuál es su postura», ha valorado.

«Hay muchos instrumentos en manos de las comunidades para evitar la propagación del virus, y van a necesitar el control de los Tribunales Superiores de Justicia. Eso es un Estado social y democrático de Derecho», ha insistido. «Que haya controles del poder judicial es lo mínimo que se puede pedir en un Estado social y democrático de Derecho cuando hablamos de restringir libertades y derechos por parte de los gobiernos autonómicos», ha enfatizado, para a continuación volver a señalar que las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud son «de obligado cumplimiento». Este es el órgano el encargado de centralizar la gestión de la lucha contra la pandemia, resumió, dando a entender que no está entre sus planes convocar la Conferencia de Presidentes para abordar el fin del estado de alarma.

Levantar las patentes

Tanto Más País como Compromís y el BNG han reclamado este miércoles al presidente del Gobierno diálogo para establecer junto a las comunidades fórmulas que permitan acometer con precaución y seguridad jurídica la desescalada ante el fin del estado de alarma. En concreto, Néstor Rego ha censurado la opacidad y el «hipercentralismo» del plan de recuperación y ha pedido al Ejecutivo central que apoye la suspensión de las patentes de las vacunas para priorizar la «humanidad» frente al «negocio» de las farmacéuticas, un debate que Sánchez se ha mostrado dispuesto a abrir.