La confesión en el 2014 de la herencia familiar oculta ha resultado fallida, según el juez; la policía llevaba entonces ya dos años tras la fortuna del clan
25 abr 2021 . Actualizado a las 18:24 h.«Si vas segando una parte de una rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella, y después caen todas las demás». Septiembre del 2014. Las palabras de Jordi Pujol sonaron a amenaza subliminal en el Parlamento catalán. El otrora molt honorable compareció dos meses después de confesar por escrito que había ocultado dinero en el extranjero durante 34 años. «Puede ser criticado, pero no presupone que sea ilícito ni que haya salido del erario público. No he sido un político corrupto», defendió Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y el 2003.
La revelación de que tenía fondos en Andorra procedentes de una herencia de su padre Florenci —140 millones de pesetas en 1980, poco después de su primera investidura— nunca se sostuvo. La Audiencia Nacional, que la semana pasada confirmó la investigación que llevará a la familia Pujol Ferrusola al banquillo por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, no le creyó. El juez instructor José de la Mata y la Sala de lo Penal han resuelto de forma indiciaria que Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos han aprovechado su posición privilegiada «para acumular un patrimonio desmedido [se estima en 290 millones de euros], directamente relacionado con percepciones derivadas de actividades corruptas». Esto lo deberá probar la Fiscalía Anticorrupción y los investigadores policiales de la UDEF ante el tribunal. La justificación de la herencia del abuelo Florenci fue un desesperado intento del expresidente de controlar los daños de lo que llevaba dos años gestándose, con la policía patriótica pisándole los talones, según se desprende del sumario del caso Villarejo.
Pino y Villarejo en Cataluña
Febrero del 2012. Con la economía española exhausta, Artur Mas, delfín de Pujol, comenzó a negociar con el presidente Rajoy un pacto fiscal para Cataluña. No hubo acuerdo y comenzó el procés secesionista del 2017.
El principal ariete que utilizó el Gobierno para contrarrestar el movimiento independentista fue la policía patriótica, comandada por el comisario Eugenio Pino. Este dio orden a José Manuel Villarejo para diseñar la operación Cataluña. El objetivo era conseguir información y pruebas de corrupción. Un jaque mate a Pujol sería el fin del independentismo, pensaban. Villarejo captó a una examante de Jordi Pujol Ferrusola —el «capellán de la parroquia», según le llamaba Marta Ferrusola, «la madre superiora de la congregación»—. Y la declaración de Victoria Álvarez, con la mediación del financiero Javier de la Rosa, sobre la ingentes cantidades dinero que movían a Andorra, abrió la puerta para su investigación judicial. Entre medias llegaron los informes policiales sin membrete sobre los negocios familiares en paraísos fiscales. La otra vertiente que acabó por tirar el nido estaba en Andorra: la presión a los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada (BPA), para que facilitaran datos sobre las cuentas de los Pujol Ferrusola. En marzo del 2015 Andorra interviene BPA tras un informe de Estados Unidos que le acusa de canalizar dinero del crimen organizado. El secreto de los Pujol salió a la luz.