El Gobierno prepara el pago por uso de autovías para el 2024, y lo plantea ahora para todas las carreteras

Lo incluye en el plan remitido a Bruselas, y contemplará bonificaciones para colectivos desfavorecidos y usuarios habituales de determinados tramos. Vota y opina: ¿Estás de acuerdo con el plan del Gobierno de fijar un peaje por el uso de autovías y carreteras convencionales?

El Gobierno podrá prohibir a los camiones circular por carreteras convencionales
El Gobierno podrá prohibir a los camiones circular por carreteras convencionales

redacción

El Ejecutivo ha puesto ya sobre la mesa la primera fecha para el cobro por uso de carreteras, no solo de las autovías. Calcula que en el año 2024 se podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, buscando un acuerdo social y político, según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, serían precisos entre 2 y 3 años de período mínimo para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.

La previsión de abrirlo a todas las carreteras, no solo las autovías, trata de anticiparse al posible cambio de usos de los conductores, que dejarían las autovías -de pago- para irse a vías convencionales, incrementando el tráfico, el desgaste y también una posible siniestralidad. Es algo que en el año 2011 ya figuraba en los planes del Gobierno.

Según recoge en el documento, esta medida formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, con la que el Gobierno pretende introducir en España los principios de «el que contamina paga» y «el que usa paga». Es una medida que lleva tiempo sobre la mesa del departamento de José Luis Ábalos.

Según el calendario que maneja el Gobierno, se espera que en el primer semestre de este año se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre del 2023.

La introducción de un sistema de ingresos que garantice fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal será tratado con los transportistas profesionales con objeto de llegar a un acuerdo, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones. Los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el año 2024 se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida. El Ejecutivo espera «cierto rechazo inicial» de la población en general, por lo ve aconsejable unas tarifas «asumibles, escalables y progresivas». Asimismo, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.

Actualmente, la red estatal supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son carreteras de alta capacidad, siendo la más extensa de Europa, según explica el Gobierno.

El Ejecutivo señala que los costes de conservación son crecientes y que no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios, lo que está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como un deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial. Por ello, entiende que imponer un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, generar incentivos hacia una mayor eficiencia de este modo de transporte y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se prevé impulsar las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores. 

Organizaciones como la asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media por kilómetro sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.

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