El «brexit» dispara las dudas en las instituciones británicas de los comunitarios residentes en el país

juan francisco alonso LONDRES / E. LA VOZ

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El primer ministro británico, Boris Johnson, durante una visita a una escuela de Ferryhill
El primer ministro británico, Boris Johnson, durante una visita a una escuela de Ferryhill

Uno de cada diez ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido evalúa mudarse próximamente

14 may 2021 . Actualizado a las 12:18 h.

Porque no se sienten bienvenidos y porque temen que sus derechos a la salud, educación, vivienda y trabajo no sean garantizados en el futuro por las autoridades británicas. Estas son las principales razones que están haciendo que miles de comunitarios residentes en el Reino Unido estén pensando seriamente en hacer sus maletas. Así lo reveló una encuesta de la Autoridad de Monitorización Independiente, que señala que uno de cada diez nacionales de la UE se plantea dejar el país a corto o medio plazo.

Los pronósticos del organismo encargado de velar por los derechos de los ciudadanos de los Veintisiete en el Reino Unido suponen que unas 500.000 personas podrían dejar el país. Hasta abril 5,1 millones de comunitarios habían obtenido el permiso para seguir viviendo y trabajando en el país tras el brexit. El plazo para hacer ese trámite vence el 30 de junio.

El estudio, elaborado a partir de 3.000 respuestas, concluyó que los alemanes, franceses y españoles son los que están más dispuestos a mudarse, en especial los hombres de 45 y 75 años y cuyos ingresos superan las 50.000 libras anuales (56.000 euros). En contraposición, los noruegos, lituanos y portugueses son los más propensos a continuar en el país, sobre todo si son mujeres jóvenes.

La investigación también muestra que los primeros meses de la materialización definitiva del brexit han acrecentado la desconfianza de los comunitarios hacia las autoridades británicas. Así el 7 % teme ser víctima de una situación similar a la que están viviendo los miembros de la generación Windrush, aquellos emigrantes de países caribeños que fueron invitados a venir al Reino Unido para ayudar a su reconstrucción tras la II Guerra Mundial y que han perdido sus derechos e incluso enfrentan la posibilidad de ser deportados, después de que el Gobierno británico destruyera los expedientes que prueban que ingresaron legalmente.

Estos temores se han reforzado por el hecho de que el Ejecutivo de Boris Johnson ha rechazado otorgarle a los nacionales de la UE un documento de identidad que certifique su estatus legal.

El estudio se da a conocer cuando la prensa británica y la europea se hacen eco de las decenas de casos de deportaciones y expulsiones de comunitarios, por no cumplir con las nuevas regulaciones migratorias británicas.