Piden al juez del caso Neurona que indague si el dinero volvió a Podemos a través de un miembro del equipo de prensa de Montero

La Voz REDACCIÓN

ACTUALIDAD

Pablo Iglesias e Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno
Pablo Iglesias e Irene Montero, en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno Mariscal | EFE

Una acusación popular sostiene que 272.000 euros habrían revertido en el partido o en personas afines al mismo

21 may 2021 . Actualizado a las 16:09 h.

Una de las acusaciones populares del caso Neurona, Pro Lege, ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que investigue si parte de los 363.000 euros que Podemos pagó a Neurona Comunidad durante la campaña de las elecciones generales del 2019 regresó a las arcas moradas o a sus dirigentes a través de una empresa cuyo socio único sería un miembro del equipo de prensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege dice haber tenido conocimiento de unos hechos que «vinculan de forma indiciaria las actividades de la empresa La Nave de Comunicación Digital desarrolladas en el año 2019 con el destino final de los fondos transferidos por Neurona Comunidad al extranjero ese mismo año».

Las investigaciones judiciales gravitan sobre el contrato de 363.000 euros que Podemos firmó con Neurona Comunidad por labores de consultoría política para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Escalonilla cree que pudo ser un contrato simulado, es decir, que no hubo trabajo alguno, para desviar dinero de las cuentas moradas.

Hasta ahora, la actividad indagatoria se ha centrado en averiguar si Neurona Comunidad hizo el trabajo para el que fue contratada. La empresa, filial española de la mexicana Neurona Consulting, subcontrató a otra sociedad mexicana, Creative Advice, para que fuera la que realmente prestara los servicios requeridos por la formación política.

Según la información contable que obra en la causa, Podemos pagó en varias transferencias esos 363.000 euros a Neurona Comunidad, que a su vez ingresó 308.257 euros a Creative Advice. Pro Lege plantea en su escrito que el destino final del dinero «sigue siendo una incógnita» porque, a su juicio, no ha quedado acreditado que esos fondos remuneraran un trabajo real.

Para realizar estas afirmaciones se basa en la denuncia realizada en diciembre del 2019 por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, de la que partió el caso Neurona, donde señala una serie de hechos presuntamente delictivos, entre los cuales menciona la supuesta existencia de una «red global de corrupción política» mediante la cual Neurona promocionaría a determinados políticos para que, una vez en puestos de poder, le devolvieran el favor mediante contratos.

La duda que expresaba Calvente es si «estaríamos ante contratos ordenados por algunos dirigentes de Podemos para compensar a la red de financiación ilegal de partidos políticos y el apoyo económico y personal recibido para promocionarles dentro del partido y que llegaran a alcanzar sus actuales puestos de dirección», recordando en este sentido que «una de las sospechas que han envuelto a Podemos desde su origen es el origen de los fondos que permitieron su fundación».

Atendiendo al cuadro dibujado por Calvente, Pro Lege considera que «procede investigar el posible retornó a España a manos de los dirigentes de Podemos o de Izquierda Unida [miembros de la coalición electoral Unidas Podemos que suscribió el contrato con Neurona], ya fuera para poder cumplir con los objetivos apuntados en la denuncia o para financiar ilegalmente a los partidos de la coalición, o a sus líderes, o para realizar cualquier otro tipo de actividad ajena al contrato».