La Conferencia Sectorial para discutir el Plan Estratégico de España prevista para el 11 de junio se retrasa tras el bloqueo de las negociaciones en Europa. El margen de maniobra de los Estados para redistribuir os fondos que no se usen de los ecoesquemas, una de las piedras en el zapato de la negociación entre Consejo y Parlamento.
28 may 2021 . Actualizado a las 17:10 h.La política agraria común (PAC) es una de las piedras en el zapato habituales en las negociaciones que se gestan en Bruselas. El nuevo aplazamiento de la negociación hasta finales de junio, anunciado este viernes tras cuatro días de debate, no hace más que mostrar las diferencias entre el Consejo y la Eurocámara.
Las imágenes de la ministra de Agricultura de Portugal, María do Céu Antunes, encargada de negociar en nombre de los países como representante de la presidencia de turno de la UE, golpeando con el dedo índice sobre la mesa escenifican las palabras que luego escribió en su twitter: «Queremos cerrar un acuerdo, pero no queremos cerrarlo a cualquier precio». Su homólogo español, Luis Planas, también dijo en una rueda de prensa posterior al anuncio de la inexistencia de un acuerdo y del aplazamiento hasta los últimos días de junio, recogida por Europa Press, que no dará su visto bueno a un acuerdo que no respete la «triple» sostenibilidad ecológica, económica y social: «Ese equilibrio es absolutamente definitivo. Solo estaré a favor de un acuerdo europeo que permita una triple sostenibilidad». Aunque aseguró que «no es dramático» que no se haya podido sellar la reforma esta semana y que es «optimista» de cara a las próximas semanas, añadió que, tras la falta de acuerdo a nivel europeo, es «prudente» retrasar «unas semanas» la Conferencia Sectorial inicialmente prevista para el próximo 11 de junio para establecer el modelo de aplicación de la nueva PAC en España.
Planas explicó que ha sido una negociación «dura» y «complicada» que ha servido para conseguir «avances» en algunos de los temas que seguían abiertos, pero que también ha tenido la «sensación» de que la «voluntad de compromiso» para cerrar un pacto «en algunos momentos no se encontraba sobre la mesa».
La gran preocupación de Planas es que en las rondas de negociación en el Parlamento lo que se ha hecho es abrir nuevos temas planteando, a veces, «condiciones particulares de aplicación alejadas en algunos casos de la realidad productiva». En esta línea, Planas dijo que la «sensación colectiva» entre los Estados miembros ha sido que «cada vez que se daba un paso adelante, se planteaban nuevas exigencias» por parte de los eurodiputados, lo que ha sido un factor fundamental para que las conversaciones no llegasen a buen puerto.
Pero otro de los grandes escollos que están detrás de este nuevo bloqueo de la nueva PAC es la «flexibilidad» que los países quieren introducir a cambio de aceptar que un 25 % de los fondos del primer pilar vayan a ecoesquemas. Mientras el negociador del Parlamento Europeo para el reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, Peter Jahr, explicó que aunque los Veintisiete y los eurodiputados habían encontrado un punto intermedio de acuerdo para que la partida mínima dedicada a estos regímenes ecológicos fuera el 25 % de los pagos directos, la letra pequeña permitía a los países en la práctica «hacer lo que quieran». Pero en ese punto, Planas negó que esa flexibilidad otorgue a los Gobiernos de cada país un margen de maniobra excesivo: «No es así», dijo, para después argumentar que «se han marcado límites y posibilidades» en este asunto. Lo que quieren los estados es una cláusula de flexibilidad para poder gastar el dinero reservado a los ecoesquemas en otras ayudas. Porque dado que esos ecoesquemas son voluntarios para los agricultores y los ganaderos, puede que muchos no se acojan y, por tanto, el dinero se desperdicie. Entonces, lo que buscan las capitales es que pueda gastarse en otros pagos de la PAC, pero el Parlamento Europeo quiere reducir esa flexibilidad y limitarla en el tiempo. De hecho, barajan un margen de dos años.
Otro de los puntos de discordia es la fórmula para que las ayuas de la PAC lleguen a todos los productores, evitando que estas acaben concentrándose en manos de las explotaciones grandes. Dado que se ha descartado, al parecer el capping o fijar un techo de gasto de 100.000 euros de ayudas directas por explotación al ser rechazada por los Estados miembros, lo que pretenden los eurodiputados es una dotación mínima para los pequeños y medianos agricultores. Pasarían por que el porcentaje de fondos fuera del 10%.
EL PAPEL DE LA COMISIÓN
Durante la comparecencia Planas también hizo referencia al papel jugado por la Comsiión Europea. En su opinión, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, «no ha jugado plenamente el papel que debería jugar» para «construir puentes» y «facilitar el acuerdo».
«Sinceramente he tenido la impresión de cierta asimetría en esta negociación», explicó. El ministro ha recordado que los Tratados conceden al Ejecutivo comunitario el papel de impulsar las políticas y también de servir de «puente».
«En muchos momentos nos ha dado la impresión, generalizada de la práctica totalidad sino todos los ministros, que ese papel no se ha cumplido plenamente», añadió.
En este escenario, organizaciones agrarias como UPa piden a Planas que no dé ni un paso atrás en la defensa de las explotaciones pequeñas, las mayoritarias en españa, sobre todo en la cornisa cantábrica. De ahí que no debe ceder en pedir al menos el 12 % para ayuda redistributiva.
Desde COAG han acusado a los estamentos europeos de querer convertir a los ganaderos y agricultores en los «jardineros de Europa». De hecho, han mostrado su rechazo a que el 25 % de las ayudas directas vayan a ecoesquemas porque entienden que supone un «recorte encubierto» para financiar políticas verdes con fondos agrarios. COAG participará el próximo 14 de junio en la manifestación convocada en Lisboa con motivo del Consejo de Ministros de la Unión Europea, junto a las diversas organizaciones agrarias europeas pertenecientes a la Coordinadora Europea Vía Campesina.