El juez Pedraz cita a declarar al activista que acusa de torturas al líder del Frente Polisario
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Gali insiste en que se archiven sus casos por ser políticos
16 jun 2021 . Actualizado a las 13:56 h.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado al activista saharaui Fadel Breica para que el próximo 29 de junio declare sobre las torturas que habría sufrido a manos del Frente Polisario, en el marco de la investigación desarrollada por el Juzgado Central de Instrucción Número 1 sobre el líder de la organización, Brahim Gali, por presuntas violaciones de los Derechos Humanos.
Pedraz ha accedido así a la petición formulada por los abogados de Breica en un escrito donde le solicitaban que escuchara su relato y el de otros testigos -su mujer y otras dos personas que habrían sido detenidas y liberadas a la vez que el activista saharaui y habrían presenciado los abusos denunciados-. Los cuatro comparecerán a partir de las 10 horas del 29 de junio, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.
Con estas nuevas diligencias, el activista saharaui buscaría reactivar el caso contra Gali, en punto muerto desde que el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) abandonó España en un avión medicalizado rumbo a Argelia horas después de comparecer ante Pedraz por las querellas presentadas por Breica y la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH).
Breica, de nacionalidad española, acusa a Gali de delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad presuntamente cometidos en el 2019 en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). Según cuenta, al llegar allí agentes del Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.
Inicialmente, la querella cayó en manos del juez José De la Mata -ahora en Eurojust-, que decidió archivarla. Pedraz la reactivó el pasado mes de enero acotando que los hechos denunciados podían constituir delitos de detención ilegal y torturas, pero que no encajarían en el de lesa humanidad dado que no se aportaba elemento que supusiera una ataque generalizado a la población civil.
Poco después, el juez de la Audiencia Nacional admitió una segunda querella, la firmada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra Gali y otras 27 personas por el maltrato al que habrían sometido a prisioneros de guerra y a los propios ciudadanos saharauis, «especialmente» a los de origen español.
El paso de Gali por España
Las acusaciones contra el líder del Frente Polisario se reactivaron cuando se supo que se encontraba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el pasado 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.
Su traslado desde Argelia, que el Gobierno español tildó de cuestión humanitaria, está en el trasfondo de la crisis diplomática desatada con Marruecos, que se tradujo en un aluvión de llegadas de migrantes, sobre todo menores de edad, a Ceuta.
En su declaración del 1 de junio ante Pedraz, negó cualquier implicación en las violaciones de los Derechos Humanos que se le atribuyen, una acusación que su abogado, Manuel Ollé, achacó a «fines políticos», por lo que pidió su archivo. Ese mismo día, el juez rechazó las medidas cautelares solicitadas por los querellantes -prisión provisional y retirada de pasaporte- al considerar que no había indicios de que Gali cometiera delito alguno. Esa misma madrugada partió hacia Argelia.
Por otro lado, un juzgado de instrucción de Logroño ha incoado diligencias contra Gali tras recibir una denuncia que apunta a que pudo haberse registrado con una identidad falsa a su llegada el 18 de abril. Otro juzgado de la capital riojana ha dado traslado al Ministerio Fiscal de una causa por un presunto delito de terrorismo genérico contra el presidente de la RASD para que informe sobre la posible inhibición a la Audiencia Nacional.