Hacienda abrirá este año 6.600 investigaciones para cazar a evasores fiscales
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Reforzará la plantilla de la Agencia Tributaria hasta alcanzar un total de 26.320 empleados
21 jun 2021 . Actualizado a las 08:24 h.El Gobierno se dispone a poner en marcha su nuevo plan para reducir las vías de escape de los particulares y empresas que, mediante ingeniosos mecanismos tributarios, contribuyen a la caída de la recaudación fiscal del Estado. Según consta en uno de los anexos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicados esta semana por la Comisión Europea (en concreto, el que afecta al Componente 27 del plan), el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido a llevar a cabo un total de 6.591 investigaciones tributarias con el objetivo de detectar actividades no declaradas a lo largo de este año.
Este será uno de los objetivos clave del Ministerio de Hacienda, que también prevé un incremento del número de empleados de la Agencia Tributaria hasta alcanzar un total de 26.320, más en línea con la media de los últimos años, con un máximo que llegó a rozar las 28.000 personas en plantilla antes de la crisis económica del 2008.
Según han expresado siempre desde el Ejecutivo, la caída en el número de empleados ha llegado como consecuencia de la elevada edad media de la plantilla, con el consiguiente escenario de jubilaciones en los próximos años y, de forma paralela, por la dificultad para la incorporación de nuevos efectivos tras años de ofertas públicas de empleo reducidas.
Faltan inspectores
Hace solo unas semanas, el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, reconoció durante una comparecencia celebrada en el Congreso el enorme problema que supone para el organismo público un déficit de plantilla que cifró en torno al 20 respecto a las grandes economías europeas.
No se trata solo de igualarse a países europeos como Alemania o Francia. El organismo necesita de más personal para hacer frente al reto que supondrá la puesta en marcha de la nueva ley contra el fraude fiscal, que entre otros puntos incluye la limitación a 1.000 euros en los pagos en efectivo entre empresas o la rebaja de la suma de 1 millón de euros a 600.000 euros para entrar a formar parte de la lista de morosos.