La Fiscalía investiga si el presidente de Brasil ignoró un posible caso de corrupción en la compra de vacunas covid
11 jul 2021 . Actualizado a las 21:33 h.La presidencia de Jair Bolsonaro se parece poco a poco a un acto de supervivencia. A las protestas callejeras contra la gestión de su Gobierno y el frente abierto por once partidos para reclamar su destitución en el Parlamento, se unió el pasado viernes la Fiscalía, que ha decidido investigar si el mandatario brasileño evitó denunciar un intento de corrupción en la compra de una vacuna contra el coronavirus.
El caso ha sido destapado tras la denuncia de tres senadores que acusan al líder ultraderechista de prevaricación. Pero ahora, la Fiscalía General de Brasil tendrá un plazo de 90 días para investigar estas posibles irregularidades en que puede haber incurrido el presidente brasileño.
Ese plazo fue establecido por la magistrada Rosa Weber, miembro del Tribunal Supremo que autorizó la investigación, y que deberá establecer si Bolsonaro cometió prevaricación y otros delitos en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, elaborada por la farmacéutica india Bharat Biotech, indica Efe.
El grupo parlamentario opositor dice tener pruebas de que Bolsonaro ignoró informaciones que le fueron dadas personalmente por un diputado oficialista sobre irregularidades en el contrato de intención de compra, que fue suspendido solo cuando las sospechas fueron reveladas por la comisión y la prensa local.
Contrato de 420 millones
Ese documento, que contemplaba 20 millones de dosis de Covaxin, tenía un valor de 353 millones de euros y, entre otros puntos sospechosos, había un acuerdo paralelo según el cual parte del pago debía ser recibido por una firma con sede en Singapur que no figuraba en el contrato. Además, actuaba como «intermediario» un empresario brasileño que ya está investigado por corrupción y que, en el 2016, le «vendió» al Ministerio de Salud un lote de medicamentos que jamás entregó.
Además, la operación habría sido objeto de «fuertes presiones» para llegar a buen término, pese a que incluía presuntamente pagar por cada dosis un precio once veces mayor al fijado por el laboratorio. El Ejecutivo había comprado 20 millones de inyectables y, según los denunciantes, el presidente no hizo caso de las llamadas de alerta.
Está claro que Bolsonaro cuenta con grandes apoyos, sobre todo en las calles que se llenan cuando organiza una marcha para disfrutar de baños de masas sin mascarillas ni distancias de seguridad. Pero sus detractores van en aumento. Entre las formaciones políticas que exigen someterle a un proceso de impeachment varias son de derechas que antes le apoyaban fielmente y ahora engrosan la oposición. El presidente las califica de «traidoras» e «ingratas».
La posibilidad de que acabe juzgado es remota
Entre los tres legisladores que destaparon el caso figura Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión parlamentaria que indaga el funcionamiento del Gobierno frente a la pandemia, causante ya de más de 500.000 muertes en Brasil.
Pero aunque Bolsonaro se acerque al banquillo, y eso ya suponga de por sí una derrota para él, la posibilidad de que acabe juzgado es ahora mismo remota. La Fiscalía debe reunir pruebas suficientes para presentar el caso ante el Supremo y muchos creen que será muy difícil encontrarlas. Luego, dos tercios de la Cámara de Diputados tendrían que votar a favor de separarle de sus funciones durante seis meses para celebrar el juicio y el líder ultraderechista cuenta con los apoyos necesarios para impedirlo. Por ese mismo motivo resulta muy complicado que la oposición logre llevar al presidente ante un proceso de destitución. Bolsonaro se ha burlado de los once partidos que lo solicitan al asegurar que «no tienen nada que hacer» porque «la mayoría» del Parlamento «está conmigo».