Sánchez y Aragonés exponen sus posiciones de partida, pero los expertos consultados señalan que hay margen para llegar a acuerdos puntuales
04 jul 2021 . Actualizado a las 10:12 h.Tras la concesión de los indultos a los condenados por el procés, ¿qué posibilidades hay de negociación entre el Gobierno y la Generalitat? ¿Cuáles son los límites? ¿En qué podría consistir un futuro acuerdo? ¿Cabe algún tipo de referendo para desencallar la situación? Los expertos consultados por La Voz analizan estos escenarios.
La negociación
Máximos de inicio. Santiago Martínez explica que «en toda negociación existen una serie de intereses a lograr que se denominan posiciones estáticas y, obviamente, al inicio de la misma siempre uno se reafirma en su mayor aspiración, en este caso el referendo para los independentistas, por lo que parecen inamovibles». Pero «irán transformándose durante la negociación hacia posiciones dinámicas, es decir, otra serie de necesidades y exigencias intermedias con las que puedan vender a sus bases que se está más cerca del fin último que persiguen, un referendo». «La clave estará en gestionar esos intereses dinámicos, es decir hasta qué punto y en qué términos y competencias puede ceder el Gobierno», afirma.
Asuntos y límites
Lo que se puede negociar. «Lo que realmente pueden negociar son cuestiones colaterales relativas a competencias, reparto de fondos estructurales, financiación autonómica, etc.», señala Carlos Barrera. «Cataluña sigue en una situación económica especialmente negativa y todos los recursos económicos que pueda conseguir le vendrán bien al gobierno de Aragonès para justificar que las mesas de negociación sirven para algo, aunque no sea lo medular», asegura. «En cuestiones como la autodeterminación y la amnistía, llegar a algún acuerdo parece imposible de hecho y de derecho», concluye. Para Xavier Arbós, hay un margen de negociación «indeterminado, al menos por ahora». En su opinión, «si solamente se propusieran negociar sus posiciones de partida, no habrían convenido en tener una nueva reunión». Pero «han fijado otra para septiembre, lo que significa una nueva oportunidad para hablar de cosas distintas a las que, como cuestión de principio, les separan en términos absolutos». Desde la perspectiva del Gobierno, «entra dentro de su margen de maniobra el plantear posibles reformas del estatuto, se trata de buscar lo que cabe entre lo que para Aragonès es un mínimo y para Sánchez un máximo».
Referendo de secesión
No cabe la autodeterminación. Teresa Freixes explica que «nuestra Constitución regula dos tipos de referendo: los consultivos, sobre materias de interés general, en los que tiene que votar toda la ciudadanía española, y los vinculantes, cuando se adopte una reforma constitucional que los precise o en la adopción o reforma de los estatutos de autonomía». Por lo tanto, «no se pueden admitir ningún otro tipo de referendos, por ejemplo, lo que Junqueras ha denominado ‘referendo pactado', categoría que no existe en España ni en Cataluña». Recuerda también que «no son admisibles las ‘mutaciones constitucionales' o reformas encubiertas». Según Freixes, Pedro Sánchez «está falto de credibilidad, pues aunque haya afirmado que no aceptará un referendo de autodeterminación, desde ERC se le contestó ‘denos tiempo', pues también había afirmado rotundamente que no habría indultos». Además, «varios miembros de su Gobierno lanzan lo que quizás sean globos sonda sobre la posibilidad del referendo, así que nunca se sabe». «Si tenemos en cuenta al conjunto del secesionismo, quizás más que la propia independencia, les interese consolidar la dominación que ejercen sobre el conjunto de la ciudadanía de Cataluña, donde más de la mitad quedan excluidos de toda negociación política», sostiene.
Arbós afirma que «si se plantea un referendo tiene que ser sobre una reforma del estatuto catalán». Dicho esto, «sospecho que un nuevo estatuto tampoco tendría el consenso del PP, que lo volvería a impugnar, y el Tribunal Constitucional quizá volvería a recortarlo». Si fuera así, «el independentismo volvería a cosechar apoyos con el argumento de que no puede haber margen para mejorar el autogobierno y por tanto, la única salida es la secesión».
Otros referendos
Sobre la relación de España- Cataluña y en todo el Estado. «Solo cabría, forzando la legalidad a extremos fronterizos, un referendo o consulta pactados acerca de posibles fórmulas de futuro en la relación España-Cataluña», opina Barrera. Martínez defiende que «podría haber una opción que satisfaga a ambas partes, y es un referendo en todo el Estado». De ese modo, «el Gobierno eliminaría en Cataluña el argumento del Estado que no deja expresarse a un pueblo, ya que dentro del resultado de toda España se conocería el de Cataluña». Y «Madrid no correría el riesgo de una ruptura territorial porque ganaría el no, y si triunfara también en Cataluña borraría de un plumazo la discusión durante una buena temporada». Si ganara el sí, «el tema se reconduciría hacia una reforma constitucional para un referendo acotado solo a Cataluña». Carmen Lumbierres incide en que «el ministro Iceta abogó claramente esta semana por votar en un referendo un ‘gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado'».
Los términos en que podría llegarse a un futuro acuerdo
¿En qué podría consistir un futuro acuerdo? «Me resulta difícil de imaginar, pero habría que buscarlo en dos momentos conectados explícitamente: a corto plazo, compromisos en materia de financiación e inversiones en infraestructuras; a medio, una reforma estatutaria», expone Arbós. «A largo plazo, tal vez una reforma constitucional, pero debe tener el consenso de los dos grandes partidos y no veo yo al PP con mucha disposición a consensos», concluye.
«Hay que hacer notar que las fórmulas que pudieran contemplarse seguramente exigirían cambios en la Constitución, y la actual composición de las Cortes impediría todo intento de reforma constitucional en sentido federal o confederal», asegura Barrera. Para Martínez, el acuerdo podría ser «mayor capacidad de autodecisión dentro del marco de competencias autonómicas o un referendo en todo el Estado español».
Lumbierres opina que «las cuestiones económicas y culturales podrían ser un punto de partida para las negociaciones». Otra vía sería «el paso de España hacia un sistema más federal y una revisión del sistema de financiación de las regiones». La politóloga afirma que ambas partes tienen «todo el margen de maniobra, porque tanto al PSOE como a ERC les interesa llegar a acuerdos aunque sea a muy largo plazo, sobre todo no volver a romper el diálogo». En concreto, «ERC necesita una política en el ámbito de lo posible para despegarse de la política de los imposibles de Junts, y mantener la preeminencia en el ámbito independentista». De hecho, «Aragonés dice que no se levantará de un sitio donde haya dialogo». Por su parte, «el PSOE necesita a ERC para la organización territorial del país, a imagen del PNV, que además otorgue estabilidad parlamentaria en Madrid y le dé alguna opción al PSC en Cataluña». El Gobierno «aboga por un nuevo comienzo y su objetivo es devolver las negociaciones a temas concretos, en términos de financiamiento o inversión», señala.
Respeto a la legalidad vigente y acuerdo amplio de las fuerzas políticas
Teresa Freixes no deja lugar a dudas: «Toda posibilidad de futuro acuerdo tiene que pasar por el cumplimiento de la legalidad vigente y por la vuelta al consenso o acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, especialmente las mayoritarias, que son las que representan a la mayoría». Explica que «no se puede concebir que una minoría, la que sea, imponga su voluntad a las mayorías, pues eso rompe el mismo concepto de democracia». La catedrática asegura que «se confunde el respeto a la minoría con la tiranía de la minoría o de una mayoría encubierta que no representa a la voluntad de la nación». «Se habla de, con memoria de pez, reproducir lo que ya se hizo a principios del siglo XXI, elaborando un nuevo estatuto de autonomía que reintrodujera aquello que fue declarado anticonstitucional en el 2006; craso error; lo que no cabe en la Constitución no se puede trasladar a un estatuto que obligue a una reforma constitucional, como se pretendió entonces», sostiene.
Doble referendo
«Claro que ahora, el referendo, con la introducción del recurso previo, se realizaría tras el control de constitucionalidad, pero se me hace difícil pensar en un acuerdo estatutario que rompiera la unidad del Poder Judicial, o que desvinculara una Agencia Tributaria Catalana de la española, o que blindara la dominación lingüística, o que basara la autonomía catalana en privilegios sobre el resto de los españoles», considera.
«Se habla, también, de un doble referendo, en España y en Cataluña, para pergeñar una autodeterminación de tapadillo que fuera difícil de impugnar jurídicamente», explica. Pero, añade, «no seamos ilusos, sabemos lo que algunos pretenden y lo que otros están dispuestos a dar, que no siempre coincide». «Si tienen ganas de marear la perdiz lo que quede de legislatura, en España y en Cataluña, pueden seguir por ese camino», manifiesta. «No les defraudará lo que vayan encontrando, pero sí que destrozará todavía más los lazos entre esa maltrecha ciudadanía, que, sojuzgada por las instituciones del secesionismo, no está siendo debidamente defendida por aquellas en las que depositó, quizás demasiado confiadamente, el ejercicio de su soberanía al adoptarse la Constitución de 1978», concluye.
