Aragonés defiende los avales ante el Tribunal de Cuentas y dice que se usan también en otras comunidades
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La oposición anuncia recursos y presiona a Pedro Sánchez para que actúe contra la Generalitat
08 jul 2021 . Actualizado a las 10:49 h.El presidente catalán, Pere Aragonès, ignora la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas considere un fraude de ley el hecho de que la Generalitat avale las fianzas exigidas a ex altos cargos del Ejecutivo catalán por el desvío de fondos para promover el procés en el extranjero. Aragonés defendió ayer en el Parlamento catalán la «legalidad» de la fórmula y cuestionó las sanciones. «Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas y de acuerdo con la ley», señaló, afirmando que «cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración». E indicó además que ese fondo complementario de riesgos aprobado por la Generalitat es incluso inferior a pólizas de seguros que tienen otras comunidades autónomas.
Frente a las acusaciones del PP, Vox y Ciudadanos sobre la ilegalidad de la decisión, y la advertencia del Gobierno de que estudia si es «conforme a la ley» para determinar si la recurre o no, Aragonés sostuvo que la Generalitat ha hecho «lo que haría cualquier Gobierno» para proteger a sus trabajadores y velar por su «presunción de inocencia» frente a una persecución «ideológica».
La oposición presiona a Sánchez
La oposición presiona, sin embargo, a Pedro Sánchez para que recurra de inmediato la medida. El líder del PP, Pablo Casado, confirmó que, al margen de lo que haga el Gobierno, impugnarán ese fondo y solo estudian si el recurso debe presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ante el Tribunal Constitucional. El portavoz de Vox en el Parlamento catalán, Ignacio Garriga, anunció que presentará una querella por malversación contra el Gobierno de la Generalitat. Y el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, instó al Gobierno a intervenir las cuentas de la Generalitat «de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera» para evitar que cubra las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. Algo para lo que, según dijo, no es necesario activar el artículo 155 de la Constitución.