El PSC, Cs y PP inician la batalla legal contra el fondo de la Generalitat para las fianzas del 1-O
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Preguntan si la medida es constitucional y respeta el Estatuto
10 jul 2021 . Actualizado a las 10:15 h.Los grupos del PSC-Units, el de Ciudadanos (Cs) y el del PPC han pedido al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) que estudie si el fondo creado por el Gobierno catalán para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas, pendiente de validación por el Parlamento autonómico, se ajusta al Estatuto y a la Constitución.
Los dictámenes del CGE, máximo intérprete del Estatuto catalán, no son vinculantes, pero aun así fuentes socialistas consideran que su aval es importante a nivel político, informa Efe.
Este organismo ha cuestionado otras normas promovidas por el independentismo, como las llamadas leyes de desconexión o la regulación de los precios del alquiler.
Según las fuentes mencionadas, una resolución positiva del CGE reforzaría la tesis del Gobierno catalán de que el mencionado fondo tiene «solidez jurídica», mientras que un dictamen contrario le daría margen para dar marcha atrás antes de incurrir en posibles delitos.
La Generalitat acordó el martes pasado la creación del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, con una dotación inicial de 10 millones de euros, para ayudar, entre otros, a los 34 ex altos cargos de la Administración catalana a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por la promoción del procés en el extranjero. El expresidente Artur Mas recurrió la que se le exige a él. Alega indefensión por irregularidades en el proceso.
Tras la aprobación de este mecanismo inédito, que según el Gobierno catalán es legal porque no implica un aval directo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dijo que lo estudiaría, y PP, Cs y Vox anunciaron que interpondrían un recurso. De momento, los socialistas catalanes piden que sea el CGE el que aclare si esta norma «singular» presenta dudas jurídicas. Por su parte, Ciudadanos, que como el PPC confirmó a Efe que llevan el decreto del fondo al CGE, dijo que es «inconcebible» que el Gobierno catalán «se saque de la manga un decretazo manifiestamente inconstitucional para privilegiar a los políticos que han dilapidado dinero público de todos los catalanes para fines partidistas».
«Las colas del hambre»
En cuanto a la polémica por los indultos a los presos del procés, el líder del PP, Pablo Casado, recriminó ayer a los obispos su apoyo al diálogo y señaló que deberían estar «más preocupados por las colas del hambre» o la Ley de Eutanasia que aprobó el Ejecutivo. También criticó el respaldo de los empresarios catalanes al perdón y les recordó que el 1-O provocó una «ruina terrible», que sus compañías salieron de Cataluña para «mantener la cuenta de resultados de sus empresas» y que la «seguridad jurídica cotiza en Bolsa.